Ante el cierre del histórico predio deportivo por conflictos administrativos, el legislador Ricardo Bussi presentó un proyecto para que el Estado tucumano tome el control del inmueble y garantice su funcionamiento como espacio público.
El futuro del tradicional Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se ha convertido en el centro de un debate legislativo. En medio de la clausura de sus instalaciones por un conflicto judicial vinculado a la gestión del predio —situado en calle Suipacha al 100—, el legislador Ricardo Bussi elevó una propuesta formal al Poder Ejecutivo provincial para que intervenga de manera directa.
El plan de «provincialización»
La iniciativa busca que el Gobierno de Tucumán inicie gestiones urgentes ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la empresa Ferrocarril General Belgrano para lograr la cesión definitiva del terreno. El objetivo es que el predio pase a formar parte del patrimonio provincial y quede bajo la órbita de la Secretaría de Deportes de Tucumán.
- El fin del conflicto privado: La propuesta apunta a que el espacio sea «puesto en valor» y reconvertido en un Espacio Deportivo Público Provincial. Según Bussi, esto otorgaría seguridad jurídica a la institución y evitaría que «futuros conflictos derivados de concesiones privadas vuelvan a afectar su funcionamiento».
- Garantía de acceso: La idea central es desvincular el deporte de los acuerdos comerciales para asegurar que el predio funcione como una política pública permanente. «El Estado no puede permanecer como un espectador cuando un conflicto entre particulares termina perjudicando a cientos de chicos y deportistas», sostuvo el legislador al fundamentar su presentación.
Historia y función social
El proyecto hace especial énfasis en el valor histórico del predio, donde se han formado generaciones de tucumanos. Para el presidente de Fuerza Republicana, permitir que un lugar con tanta relevancia social desaparezca por una disputa administrativa sería un retroceso en la política de contención social que brinda el complejo.
La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en la Legislatura provincial, llega en un momento de máxima incertidumbre para alumnos, profesores y familias que, tras la clausura, han visto interrumpidas sus actividades cotidianas. Por ahora, el destino del emblemático club deportivo queda supeditado a las negociaciones entre el Estado provincial y los organismos nacionales propietarios de las tierras.
