Un informe de la Fundación Libertad advierte que las transferencias automáticas continúan lejos de los niveles registrados en 2023. El freno en la recuperación real condiciona el margen fiscal de los distritos y vuelve a encender el debate sobre el financiamiento local.
Los recursos enviados por el Estado nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real del 4,2% interanual en junio, de acuerdo con el último informe elaborado por la Fundación Libertad. El relevamiento señala que la baja profundiza un escenario complejo para las administraciones subnacionales, cuyos ingresos continúan condicionados y lejos de los registros previos a la crisis cambiaria de finales de 2023.
El dilema financiero de las provincias
Joaquín Aranguiz, economista de la entidad, explicó que ante la caída real de la coparticipación los gobernadores enfrentan un dilema clásico: recortar el gasto público —con el consiguiente costo político y social—, buscar fuentes de financiamiento alternativo como endeudamiento o adelantos del Tesoro, incrementar la presión tributaria propia o acumular atrasos.
“Esto nos lleva a pensar si el ajuste que también hicieron las provincias fue por convencimiento para acompañar al Gobierno nacional o si tuvieron que acomodarse a la nueva realidad porque no les quedaba alternativa”, planteó el especialista.
Según el análisis, los ingresos provinciales reales permanecen estancados: se ubican apenas un 2,2% por encima del piso de junio de 2024, pero continúan 21,7 puntos porcentuales por debajo del pico registrado en junio de 2023. La desaceleración de la inflación no logró traducirse en una recomposición automática de los fondos coparticipables, lo que confirma que el rebote estadístico observado durante 2025 ya se agotó.
Dependencia y desafíos hacia adelante
Para la gran mayoría de las jurisdicciones, que cuentan con una escasa capacidad de recaudación tributaria propia, las transferencias nacionales representan el grueso de sus ingresos corrientes. De este flujo depende directamente el sostenimiento de servicios esenciales como el pago de sueldos estatales, la obra pública, la salud y la educación.
El informe concluye que el comportamiento fiscal de los próximos meses estará atado de manera directa al nivel de actividad económica y a la evolución de la recaudación, en un contexto donde las proyecciones del mercado prevén que la inflación continúe su tendencia a la baja de forma gradual, sin perforar el piso del 1% mensual en el corto plazo.
