Referentes de La Libertad Avanza apuntaron contra el gasto del Poder Legislativo tucumano, al que tildaron de ser «el más caro del país». Proponen bajarlo al 1% para volcar fondos a obras públicas, tras conocerse una encuesta que refleja un profundo malestar social.
El escenario político tucumano sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que se difundiera un estudio de opinión pública elaborado por el Grupo Borgia, el cual expuso niveles alarmantes de descontento social respecto al funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial.
Ante este panorama, el espacio de La Libertad Avanza (LLA) salió con dureza a cuestionar la estructura estatal y exigió un recorte drástico en los fondos destinados a la Cámara provincial.
Las críticas de Lisandro Catalán y el reclamo por los recursos
La reacción estuvo comandada por el presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, quien no dudó en calificar el escenario actual como el resultado de «instituciones totalmente cooptadas por la política».
A través de sus redes sociales, el referente libertario remarcó que la Legislatura local absorbe cerca del 4% del presupuesto provincial, una cifra muy por encima del promedio nacional, que ronda el 1,2%. «Es una vergüenza que destinen recursos desproporcionados a su estructura», sentenció.
En esa línea, ratificó su propuesta de bajar la asignación presupuestaria del cuerpo legislativo al 1%: «Con solo ese ahorro podemos destinar recursos a obras que permitan solucionar problemas históricos de los tucumanos, como las inundaciones que afectan a La Madrid».
Propuestas y cuestionamientos institucionales
Por su parte, el diputado nacional Federico Pelli advirtió que la provincia demanda profundas reformas estructurales y una justicia verdaderamente independiente para salir adelante. En tanto, la diputada Soledad Molinuevo enfatizó que el espacio opositor no se limita a criticar, sino que impulsa soluciones concretas para redireccionar los fondos hacia las necesidades reales de la ciudadanía.
El informe titulado «La trinidad de la desconfianza institucional» arrojó datos contundentes: más del 90% de los encuestados exigió mayores niveles de transparencia y control en la Legislatura, mientras que un 64,4% advirtió una fuerte influencia política sobre los tribunales provinciales, profundizando el debate sobre la calidad institucional en Tucumán.
