Los acusados, de entre 18 y 29 años, fueron formalmente acusados por atacar a un compañero de 19 en la Escuela Penitenciaria «Marcos Sánchez». La fiscalía pedirá la prisión preventiva en la audiencia de medidas cautelares.
La investigación por el aberrante caso de abuso sexual registrado al interior de la Escuela Penitenciaria N°7 “Marcos Sánchez”, ubicada en el predio de la cárcel santafesina de Las Flores, sumó un capítulo judicial clave: este martes, siete cadetes fueron formalmente imputados por el hecho.
Durante la audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial, la fiscal Jorgelina Moser Ferro expuso los cargos ante el juez de la causa, José Luis García Troiano. A los jóvenes, de entre 18 y 29 años, se les atribuyó la coautoría de los delitos de abuso sexual simple agravado —por haber sido cometido por dos o más personas— en concurso con lesiones leves.
El ataque y la intervención
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el episodio ocurrió el jueves pasado alrededor de las 19:00, minutos después de que la víctima, un cadete de 19 años que cursa el primer año, rindiera un examen. Al ingresar a una habitación del establecimiento situada fuera del área de vigilancia directa, el grupo lo sorprendió, lo golpeó con patadas y lo tiró al suelo para someterlo.
La agresión frenó gracias a la intervención de otros tres aspirantes que acudieron a socorrer al joven. Tras la denuncia radicada por las propias autoridades de la institución, la Policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomaron cartas en el asunto, disponiendo pericias psicológicas y médicas para la víctima.
Sin lugar en las fuerzas
Frente a la gravedad institucional del caso, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, fue contundente al confirmar que los siete involucrados fueron dados de baja de manera definitiva y que «no van a pisar nunca más un establecimiento santafesino».
El próximo viernes se llevará a cabo la audiencia donde se debatirán las medidas cautelares. Desde el MPA adelantaron que solicitarán la prisión preventiva para todos los imputados mientras avanza la recolección de pruebas a través de la Policía de Investigaciones (PDI).
