Tras el entendimiento con Nación, los mandatarios regionales avanzan en la redacción final del documento que contempla topes de consumo diferenciados para los meses de mayor temperatura. En paralelo, la agenda política nacional suma tensiones en el Congreso.
Los gobernadores que integran el bloque del Norte Grande se preparan para llevar adelante una nueva cumbre con el objetivo de pulir la letra chica del acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional en torno a las tarifas eléctricas para zonas cálidas. El entendimiento representa un reclamo histórico de las diez provincias que componen el NOA y el NEA para morigerar el impacto del consumo energético durante los meses estivales.
El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, confirmó que viajará a Buenos Aires para mantener una serie de reuniones orientadas a formalizar el instrumento legal. Por su parte, el esquema acordado semanas atrás en el Palacio de Hacienda junto a funcionarios nacionales establece que el bloque subsidiado para zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas subirá de 150 a 300 kWh durante el período comprendido entre noviembre y abril.
Reacomodamientos en el Congreso y agenda federal
Mientras los gobernadores norteños buscan consolidar la medida —que se instrumentaría a través de una resolución—, el escenario político nacional muestra movimientos clave en el terreno parlamentario y de gestión:
- Traspasos y obras: En paralelo a las negociaciones con el Norte Grande, la Casa Rosada avanzó en las últimas horas con la firma de cesiones de rutas nacionales y proyectos de infraestructura junto a los gobernadores de Río Negro y Neuquén.
- Nuevos bloques: Se prevé la conformación de un nuevo espacio en la Cámara de Diputados integrado por legisladores que responden a los mandatarios de Misiones y Salta, el cual buscará tener una postura diferenciada respecto de los alineamientos automáticos con el oficialismo.
- Debates pendientes: Las discusiones en torno a la modificación de regímenes de subsidios, la coparticipación y las leyes estructurales continúan marcando el pulso de la relación entre los distritos provinciales y la administración central.
