El ministro de Seguridad bonaerense cruzó duramente al oficialismo nacional por cuestionar a Axel Kicillof luego de que una jueza frenara la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. «¿Mostrar indignación por redes es lo único que saben hacer?», lanzó.
La tensión política escaló luego de que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dictara un fallo que frena la aplicación de la Ley de Baja de Imputabilidad a los 14 años. La resolución judicial desató un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires, con duras réplicas cruzadas en redes sociales.
Las críticas iniciales llegaron por parte del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y de la senadora Patricia Bullrich, quienes salieron a cuestionar con dureza al gobernador Axel Kicillof por su «silencio» ante la medida, acusándolo de «ponerse del lado del delincuente y nunca de la víctima» frente a una Justicia provincial a la que tildaron de «garantista».
La respuesta de Javier Alonso
Lejos de mantenerse al margen, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de los funcionarios nacionales a través de un mensaje en su cuenta de X, donde descalificó las reacciones oficiales: «Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado […] ¿O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos?», le espetó a Santilli.
El funcionario kicillofista argumentó que una reforma de esa magnitud es inviable sin presupuesto ni respaldo logístico: «¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?», cuestionó, al tiempo que sentenció que sin recursos «la reforma es apenas una modificación en los papeles y un eslogan de campaña».
Los argumentos del fallo
Las declaraciones de Alonso se alinearon con los fundamentos esgrimidos por la jueza Pascual al hacer lugar al habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada justificó la suspensión al señalar que, en ausencia de mecanismos reales que garanticen la contención y la reinserción social de los menores, la norma no resulta efectiva ni beneficiosa para la sociedad ni para los propios jóvenes, reavivando el debate de fondo sobre el presupuesto carcelario y el rol del Estado en materia de seguridad y prevención.
