Con el debate previsto para este martes en el Senado, la Casa Rosada fijó una postura inflexible: no habrá acuerdos políticos con mandatarios o espacios que no respalden el proyecto. Los números están ajustados y los plazos apremian de cara a 2027.
A pocos meses del inicio formal del año electoral, la Casa Rosada puso en marcha una ofensiva contrarreloj para intentar aprobar la reforma política. Este martes comenzará formalmente el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el objetivo principal del oficialismo es conseguir los 37 votos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027.
La orden bajada por la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei, fue tajante: no habrá ningún tipo de acuerdo político con gobernadores o espacios provinciales que no acompañen la modificación electoral.
El mapa de las negociaciones y los números en el Senado
En las terminales libertarias reconocen que el escenario en la Cámara alta es complejo y está lejos de garantizar los votos. Mientras la jefa de bloque, Patricia Bullrich, advierte sobre las dificultades para reunir el consenso necesario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, encabezan las conversaciones con el interbloque de Pro, un sector de la UCR y los mandatarios provinciales dialoguistas.
El proyecto oficialista no solo contempla la suspensión de las primarias —una herramienta que el oficialismo busca bloquear para evitar que la oposición dirima sus internas—, sino que también incluye iniciativas como la «ficha limpia», la digitalización de afiliaciones, modificaciones en el financiamiento privado y la reducción de aportes estatales a los partidos políticos.
Las cartas bajo la manga y el factor tiempo
Ante las dificultades parlamentarias, el oficialismo barajó distintas alternativas para traccionar apoyos. En su momento se analizó reinstaurar las listas colectoras para seducir a los gobernadores, una opción que finalmente quedó descartada. Como alternativa secundaria, sobrevuela la posibilidad de que las primarias pasen a ser optativas para los partidos (unas PAS no obligatorias), aunque en las filas libertarias advierten que una baja participación podría vaciar de legitimidad el sistema.
A las tensiones políticas se suma la advertencia formal que emitió la Cámara Nacional Electoral (CNE), recordando mediante una acordada que modificar las reglas electorales en las antesalas de un proceso de votación vulnera estándares internacionales recomendados por organismos como la OEA, que aconsejan cambios con un margen de entre tres y seis meses previos.
Con el proyecto sobre la mesa y el debate presupuestario pisando los talones en el Congreso, el oficialismo buscará estirar el diálogo durante octubre y noviembre para blindar un esquema que promete redefinir el tablero electoral del próximo año.
