Tras un cierre técnico reservado, la Casa Rosada busca consensos con el PRO, la UCR y espacios federales para tratar la normativa que endurece controles económicos y de seguridad en el Atlántico Sur.
El Gobierno nacional remitió formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un amplio paquete de herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad enfocado en las Islas Malvinas. La iniciativa ingresó al sistema de Gestión Documental Electrónica tras un proceso de redacción concentrado en un núcleo reducido del Ejecutivo y marcado por debates internos en torno a los plazos.
Anunciada originalmente por el presidente Javier Milei el pasado 3 de septiembre, la normativa busca blindar la estrategia geopolítica argentina y estructurar una respuesta integral frente al desarrollo de actividades inconsultas en el archipiélago.
Los ejes centrales de la ley
El articulado remitido al Parlamento se encuentra dividido en títulos específicos que abordan distintas áreas estratégicas:
- Sanciones económicas: Endurece el marco legal contra empresas y actores vinculados con actividades económicas en las islas sin autorización argentina, ampliando el alcance de normativas previas sobre hidrocarburos hacia sectores como la pesca y la minería. Esta línea se complementa con la reglamentación aplicable tras el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
- Infraestructura crítica: Establece estrictos criterios de seguridad y protección para redes, centros de datos, telecomunicaciones y otros activos sensibles para el Estado.
- Protección aeroespacial y marítima: Propone hacer más operativos los procedimientos frente a aeronaves hostiles —sin contemplar un derribo automático— y potenciar la vigilancia en el Atlántico Sur. El esquema prevé integrar radares, telecomunicaciones e inteligencia satelital, utilizando como nodo central a la Base Naval Integrada de Ushuaia.
Comienza la etapa de negociación política
Con el proyecto ya en el Parlamento, se abre la fase de discusión con los bloques dialoguistas. Desde la Casa Rosada instruyeron cuidar el vínculo con las fuerzas aliadas —como el PRO, la UCR y espacios federales— para consensuar los detalles de la iniciativa antes de su debate en comisiones y su posterior tratamiento en el recinto. Si bien el oficialismo confía en lograr un acompañamiento transversal, descartaron un trámite exprés y apuntan a ordenar los acuerdos legislativos necesarios.
