Ante el riesgo de sufrir una dura derrota parlamentaria, el Gobierno nacional cedió y acordó con los bloques dialoguistas un nuevo proyecto sobre Discapacidad que deja atrás el fuerte recorte previsto en el Presupuesto 2027. La iniciativa oficializa una política permanente con indexación automática y piso presupuestario, aunque generó fuertes sospechas y el rechazo del peronismo y la izquierda.
Para evitar un revés inminente en el recinto, la Casa Rosada recalculó su estrategia legislativa y logró abrochar un acuerdo con los bloques dialoguistas. El oficialismo aceptó modificar el rumbo planteado originalmente en el Presupuesto 2027 y presentó un nuevo proyecto sobre Discapacidad que contempla la mayoría de los reclamos del sector, asegurándose así el respaldo necesario para dominar los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad.
Los puntos clave del acuerdo impulsado por La Libertad Avanza:
- Política permanente: El borrador elimina quirúrgicamente la palabra «emergencia» (un régimen que vencía el 31 de diciembre) para transformar el sistema en una política de Estado de carácter permanente.
- Actualización y fondos: Se garantiza que los aranceles prestacionales se indexen mensualmente, se mantiene el nomenclador único y se asegura la continuidad del programa Incluir Salud. Además, se fija un piso presupuestario atado a lo ejecutado el año pasado, con reasignaciones obligatorias a cargo de la Jefatura de Gabinete.
- Empleo formal: Una de las mayores demandas de las familias queda resuelta: cobrar una pensión no contributiva no será un impedimento para acceder a un trabajo en blanco, siempre que el salario no supere el equivalente a dos haberes mínimos.
- Controles estrictos: Como contraparte por abrir la billetera, el Ejecutivo implementará un esquema de auditorías cruzadas con bases de datos de ANSES, ARCA y el RENAPER.
La resistencia opositora y las sospechas Pese al entendimiento con la UCR, el PRO, el MID y sectores provinciales —sellar en el Salón de Honor bajo la supervisión de Martín Menem—, el peronismo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y un sector de Provincias Unidas se negaron a firmar el pacto.
Desde la oposición dura alertaron sobre una «crisis de credibilidad» del oficialismo. Referentes como Pablo Juliano cuestionaron la jugada de cambiarle el nombre a la emergencia, mientras que fuentes de UxP advirtieron que confiar en las promesas presupuestarias del Gobierno es un «acto de fe» que podría esconder trabas legales para futuras demandas judiciales a partir de enero.
