La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta en el DNU 70/2023. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el CECIM La Plata, demandante de la acción, carecía de legitimación para iniciar el reclamo, habilitando de este modo la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros sin cupos restrictivos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional concretó la derogación de la Ley 26.737, conocida como la Ley de Tierras Rurales. Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió rechazar la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata bajo el argumento de que la agrupación carecía de representación legítima para llevar adelante una acción judicial de carácter colectivo en defensa de la soberanía nacional.
El conflicto judicial se había originado cuando el CECIM presentó un amparo para frenar la eliminación de las restricciones que limitaban la extranjerización de la tierra, logrando un fallo favorable en marzo de 2024 por parte de la Sala III de la Cámara Federal platense. Sin embargo, tras la apelación del Estado Nacional, la Corte Suprema dio vuelta el escenario y marcó los límites de la intervención judicial. A raíz de este pronunciamiento, constitucionalistas advirtieron que cualquier persona física o jurídica de origen extranjero queda habilitada para adquirir inmuebles rurales sin los cupos restrictivos que fijaba la normativa original.
De acuerdo con los registros oficiales citados en la causa, en agosto de 2026 ya existían 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras —equivalentes a casi el 5% del territorio nacional y a una superficie similar a la provincia de Santa Fe—, un universo al que se sumaron 111 certificados de compra entregados por el Ministerio de Justicia durante la actual administración, divididos entre 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que va del corriente 2026.
