Con un amplio consenso y tras un debate de casi tres horas, la Legislatura de Tucumán aprobó por 44 votos a favor y uno en contra la creación de un Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil. De esta manera, la provincia se convirtió en la primera del país en adecuar su normativa a la Ley Nacional 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal.
Tucumán dio un paso institucional clave al convertirse en la primera provincia argentina en adecuarse formalmente al nuevo régimen penal juvenil y crear su propio sistema especializado de ejecución para menores. La iniciativa, que surgió del análisis unificado de cinco proyectos y de un intenso trabajo conjunto entre distintos poderes del Estado, fue respaldada en el recinto por 44 votos afirmativos y una sola negativa, tras un debate legislativo que se extendió por casi tres horas bajo la presidencia del vicegobernador Miguel Acevedo.
Durante la sesión, los parlamentarios expusieron visiones encontradas respecto de la efectividad de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque primó la postura de dotar al Estado provincial de herramientas para afrontar un escenario que ya había sido modificado a nivel nacional. Mientras algunos legisladores cuestionaron que la Nación avanzara con la medida sin previsión presupuestaria ni infraestructura adecuada para las provincias, otros enfatizaron la necesidad equilibrar la protección de los derechos de las víctimas con la urgencia de garantizar mecanismos efectivos de contención, educación, prevención de adicciones y reinserción social para los jóvenes en conflicto con la ley.
El debate también dejó cruces de posturas sobre las causas estructurales del delito y el rol del Estado, y se colaron referencias al reciente episodio protagonizado por la juventud libertaria en las inmediaciones del palacio legislativo. Finalmente, con el rechazo único del legislador Hugo Ledesma —centrado en cuestionamientos al funcionamiento judicial general—, el cuerpo sancionó la norma que posiciona a Tucumán a la vanguardia de la implementación del nuevo esquema penal en todo el territorio nacional.
