En la antesala de una nueva marcha universitaria, el Gobierno negocia modificar la Ley de Financiamiento ofreciendo a las casas de estudio beneficios fiscales en las contribuciones patronales. La estrategia oficial combina este alivio a través de ARCA con un incremento de las partidas previstas en el Presupuesto 2027 para desactivar el conflicto y cerrar el frente judicial.
Como parte central de las tratativas para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional propuso mantener reducidas las contribuciones patronales que las instituciones educativas deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por sus trabajadores docentes, no docentes y autoridades. La iniciativa busca articular un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA junto con una mejora en las asignaciones del Presupuesto 2027, intentando acercar posiciones frente al reclamo de los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La discusión impositiva se apoya en un régimen originado en 2010 que fijó una alícuota reducida del 10,17% para aquellas universidades que arrastraban deudas previsionales, esquema que posteriormente fue modificado en 2023 mediante una escala progresiva de convergencia que eleva gradualmente la carga tributaria hasta alcanzar las alícuotas generales en 2031. Instituciones clave como la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo plan de regularización se encuentra próximo a finalizar, advierten sobre el fuerte impacto que un incremento de estas obligaciones representaría para sus cuentas, dado que cerca del 90% de sus recursos se destina al pago de salarios.
Ante este panorama, la Casa Rosada pretende utilizar este margen de negociación fiscal para achicar la brecha presupuestaria sin tener que convalidar los aproximadamente $11 billones reclamados por las casas de estudio, cifra que contrasta fuertemente con los cerca de $7,5 billones contemplados en el proyecto oficial elevado al Parlamento. No obstante, las conversaciones informales aún no cristalizaron en un acuerdo definitivo, mientras la tensión se mantiene latente tras el fallo judicial que impuso multas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir medidas cautelares sobre la actualización de fondos.
El plan estratégico del Ejecutivo apunta a cerrar de manera simultánea tres frentes complejos: la aprobación del Presupuesto con mayores partidas para el sector, el reordenamiento de las obligaciones previsionales y la resolución definitiva de la disputa legal en torno a la ley vigente. Mientras las partes continúan evaluando las alícuotas y los instrumentos normativos aplicables, el Gobierno busca evitar que el conflicto educativo escale y llegue abierto de lleno al próximo año electoral.
