Un relevamiento municipal reveló que en San Miguel de Tucumán hay 253 edificios que carecen de certificado de final de obra, de los cuales más del 60% ya se encuentran terminados y habitados. Los datos fueron expuestos en el Concejo Deliberante a raíz de las inspecciones posteriores a la explosión registrada en un inmueble de calle Monteagudo.
Un informe oficial presentado por la directora de Catastro municipal, Nora Belloni, ante el Concejo Deliberante reveló que en San Miguel de Tucumán existen 253 edificios sin certificado de final de obra, de los cuales más del 60% ya se encuentran terminados y habitados por vecinos que afrontan serias complicaciones para acceder a sus respectivas escrituras. La convocatoria, impulsada en el marco de la Resolución N° 5.067/26 y encabezada por el presidente del cuerpo legislativo, Fernando Juri, junto a las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento, surgió a raíz de la conmoción generada por la explosión e incendio ocurridos en el edificio de Monteagudo 120, un inmueble que acumulaba intimaciones municipales desde el año 2018 por diversas irregularidades administrativas.
Durante el encuentro desarrollado en el quinto piso del edificio legislativo, del que también participaron funcionarios como el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, se detalló que el universo relevado comprende unas 1.400 construcciones en total. Del total de inmuebles sin certificación, un 8,7% figura como finalizado pero desocupado, mientras que las autoridades admitieron que por el momento no se cuenta con un desglose discriminado por zonas geográficas de la ciudad ni se ha determinado con precisión cuántos presentan riesgos estructurales para sus habitantes.
El debate legislativo reflejó fuertes cruces y advertencias sobre las responsabilidades institucionales y privadas ante los incumplimientos edilicios. Concejales como Gustavo Cobos y José María Canelada cuestionaron la falta de mecanismos efectivos para frenar obras irregulares que continúan avanzando a pesar de las multas, mientras que el edil Ernesto Nagle advirtió sobre el alto nivel de exposición política que recae sobre el municipio y los concejales si la desidia privada deriva en una tragedia urbana. Por su parte, Lobo Chaklián atribuyó parte de estas deficiencias a «herencias de gestiones anteriores» y defendió la implementación del nuevo Código de Planeamiento Urbano como herramienta clave para ordenar y normalizar el sector.
En cuanto a las medidas preventivas, el Ejecutivo municipal informó que ya se inspeccionaron 112 unidades habitacionales y aseguró preliminarmente que ninguna de ellas evidenciaba peligro inminente para los ocupantes, aunque las áreas técnicas continúan cruzando bases de datos para completar el mapa de riesgo. Mientras se evalúan metodologías más estrictas para sancionar a las desarrolladoras infractoras y priorizar el control en el área central de la capital, la falta de final de obra continúa siendo una problemática estructural que deja a cientos de familias en un limbo legal e inmobiliario.
