La disputa judicial entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la diputada nacional Soledad Molinuevo escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La defensa de la legisladora presentó un recurso de casación para revertir el fallo que le ordenó eliminar publicaciones en redes sociales vinculadas con la agresión al legislador Federico Pelli en La Madrid. El mandatario provincial tiene un plazo de diez días para responder.
El conflicto legal que enfrenta al gobernador Osvaldo Jaldo con la diputada nacional Soledad Molinuevo sumó un nuevo y decisivo capítulo procesal. Luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común confirmara la medida que obligó a la legisladora a borrar publicaciones referidas al ataque que sufrió el legislador Federico Pelli en marzo pasado en la localidad de La Madrid, su defensa interpuso formalmente un recurso de casación para que el planteo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
El trámite dio un paso formal el pasado 16 de octubre, cuando la Cámara dispuso correr traslado del recurso a la parte actora por el término de diez días para su conocimiento y contestación. La presentación, redactada a lo largo de 29 páginas por el abogado Ricardo José Tomás Paz, apunta contra la sentencia del 29 de septiembre de la Sala I, la cual había ratificado el fallo de primera instancia que exigía a la diputada abstenerse de reiterar afirmaciones fácticas similares contra el mandatario provincial, a quien la dirigente había vinculado políticamente con el hecho.
El núcleo de la discusión constitucional que ahora evaluará el máximo tribunal gira en torno a los límites de la libertad de expresión y la inmunidad legislativa. Mientras la resolución de Cámara intentó delimitar que la prohibición solo abarcaba publicaciones que atribuyeran a Jaldo una intervención personal, instigación o conexión concreta con la agresión —rechazando que se trate de una censura general a la crítica política—, la defensa sostiene que la medida vulnera estándares constitucionales y genera un inaceptable efecto inhibitorio sobre la labor parlamentaria amparada por el artículo 68 de la Constitución Nacional.
Asimismo, el recurso cuestiona el uso de la vía procesal de la medida autosatisfactiva para resolver un litigio de esta magnitud y esgrime jurisprudencia reciente sobre restricciones preventivas a publicaciones en redes sociales. Al haber quedado notificado, el Ejecutivo provincial cuenta con diez días hábiles para contestar los agravios, mientras la causa mantiene abierta la reserva del caso federal para una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las siguientes instancias.
