Comenzó en la provincia de Salta el juicio por jurados contra tres hombres —entre ellos el ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi y procurador Elvio Augusto Díaz, y el empleado municipal Carlos Fernando Rodríguez— acusados del doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos en mayo de 2024 en Orán. Mientras la Fiscalía sostiene que las víctimas fueron emboscadas mediante una planificación coordinada, las defensas denuncian contradicciones en la investigación y niegan la participación de los imputados.
Un tribunal de jurados integrado por 16 miembros y dirigido por el juez técnico Raúl Fernando López dio inicio al debate oral por el doble crimen de los ciudadanos bolivianos Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en mayo de 2024 en un paraje rural cercano a Colonia Santa Rosa, en cercanías de Orán. En el banquillo de los acusados se encuentran el procurador y ex candidato a intendente de Alberdi por Libres del Sur, Elvio Augusto Díaz; el empleado municipal de esa ciudad Carlos Fernando Rodríguez («Kokoz»); y el residente oranense Roberto Enrique Larrán. Durante la primera jornada, los imputados declararon para rechazar los cargos, optando Rodríguez y Larrán por responder preguntas del Ministerio Público Fiscal, mientras que Díaz prefirió no hacerlo.
La acusación, liderada por los fiscales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, María Soledad Filtrín Cuezzo, Lorena Martínez y Pablo Alejandro Cabot, reconstruyó que Díaz y Rodríguez se trasladaron desde Tucumán hasta Orán en un Toyota Corolla negro días antes del hecho. Según la hipótesis fiscal, tras concretar un encuentro con las víctimas en una confitería local, Díaz le habría entregado un bolso oscuro a Larrán —quien aguardaba en las inmediaciones— como parte de una maniobra coordinada para emboscar, reducir y asesinar a los ciudadanos extranjeros, los cuales habrían viajado desde Bermejo con la intención de adquirir dólares en Buenos Aires. El doble homicidio quedó al descubierto luego de que dos cazadores escucharan detonaciones durante la madrugada y hallaran los cuerpos, obstaculizados en su sonido por la labor de una cosechadora en la zona.
Por su parte, las defensas técnicas cuestionaron con dureza la solidez de la acusación fiscal. Los abogados de Díaz, Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, argumentaron que el ex candidato viajó exclusivamente por motivos laborales para cobrar honorarios profesionales, destacando que las pericias no hallaron material genético del imputado en las manos de las víctimas ni se secuestró un arma de fuego en su poder. En tanto, el defensor de Rodríguez, Cristian Morales Poma, centró su estrategia en registros de cámaras de seguridad que ubicarían al vehículo en trayectos y horarios incompatibles con la ejecución del crimen, reclamando además la profundización de otras líneas investigativas sobre comunicaciones y testigos presenciales.
El proceso judicial continuará en los próximos días con la ronda de testimoniales, la exposición de pericias balísticas y tecnológicas, y el análisis de registros telefónicos y fílmicos. El jurado popular tendrá la responsabilidad de dilucidar si las pruebas presentadas por la fiscalía logran sostener la acusación más allá de toda duda razonable o si las falencias y coartadas planteadas por las defensas impiden condenar a los imputados en un caso que generó fuerte impacto político y judicial en la región.
