El legislador cuestionó con dureza la política de subsidios al transporte del Gobierno nacional al señalar que la administración central destina asistencia millonaria para congelar la tarifa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras Tucumán debió inyectar $11.611 millones de recursos propios para sostener el servicio urbano tras la eliminación del Fondo Compensador.
Las críticas hacia la distribución de los subsidios al transporte volvieron a encender el debate político en la provincia. El legislador José Cano cuestionó la decisión de la Nación de incrementar las partidas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —superando los $679.000 millones para mantener el boleto metropolitano en $742—, lo que a su entender profundiza la discriminación económica hacia el interior del país. Según detalló, el Gobierno nacional otorga un subsidio de 1.700 pesos a cada usuario metropolitano, beneficiando a la región con mayor ingreso per cápita del país.
En contraposición, Cano advirtió que tras la supresión del Fondo Compensador por parte de la Casa Rosada, la provincia de Tucumán quedó desamparada de asistencia federal y se ve obligada a sostener todo el sistema urbano de pasajeros mediante fondos propios del tesoro provincial. En este marco, el Ejecutivo tucumano oficializó en octubre una serie de decretos para reasignar $11.611 millones, de los cuales $5.500 millones se aplicaron a las compensaciones de octubre, $6.200 millones a cubrir septiembre, además de erogaciones específicas destinadas a garantizar el Boleto Estudiantil Gratuito ($3.813 millones) y la gratuidad en el traslado de jubilados ($1.598 millones).
«La distribución de los recursos tiene que ser mucho más justa y equitativa. No se puede gobernar otorgando subsidios millonarios exclusivamente al AMBA mientras se le da la espalda al resto de las provincias», sentenció el parlamentario. Para Cano, resulta imperioso replantear las prioridades de la gestión federal bajo la premisa de que «el país no termina en la General Paz», exigiendo un trato igualitario para las economías del interior que sostienen su aparato productivo sin asistencia nacional.
