Javier Galán, legislador ya acusado de abuso sexual, fue denunciado por un empleado. El testigo afirma que lo intimidó para que mienta en la causa y reveló transferencias sospechosas de dinero.
La situación judicial del diputado catamarqueño Javier Galán sumó un capítulo de extrema gravedad. Un empleado del legislador, identificado como Iván Luna Avellaneda, presentó una denuncia formal asegurando haber sido víctima de una violenta maniobra de intimidación para que ocultara información clave en la causa por abuso sexual que pesa sobre el funcionario.
Según el relato del testigo, el encuentro ocurrió en una de las sucursales del corralón propiedad de Galán. Allí, el legislador habría desenfundado un cuchillo para marcar presencia durante una charla privada. Aunque no hubo ataques físicos, los gestos fueron suficientes para que el empleado se sintiera coaccionado. El objetivo de la amenaza era claro: el diputado le exigió que negara conocer a la primera mujer que lo denunció por abuso.
La trama de las transferencias de dinero
Además de la intimidación con el arma blanca, la denuncia de Luna Avellaneda reveló una presunta maniobra de corrupción o manejo irregular de fondos públicos. El empleado afirmó que era obligado a destinar parte de su sueldo para realizar transferencias a terceras personas, lo más llamativo es que, según su declaración, las destinatarias de ese dinero eran mayoritariamente mujeres de entre 12 y 30 años.
Este nuevo episodio complica seriamente la estrategia de Galán, ya que la Justicia ahora podría sumar cargos por coacción agravada y entorpecimiento de la investigación. Además de las causas por integridad sexual, la revelación sobre el manejo del salario del empleado pone la lupa sobre el uso de recursos de la Legislatura catamarqueña.
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