La Cámara Federal de Casación Penal anuló una sentencia previa que había denegado la reparación económica para la víctima y su pareja. Los jueces determinaron que el derecho a la indemnización es inherente a las víctimas de delitos y no puede quedar supeditado a trámites burocráticos.
La Justicia federal dio un paso fundamental en la protección de los derechos de las víctimas. Tras un polémico fallo inicial que les había negado la reparación económica, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que un hombre, que sufrió un brutal secuestro extorsivo en Lules en 2022, y su pareja sean indemnizados por los daños psicológicos y morales sufridos.
El calvario en Lules
El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2022. La víctima fue abordada por tres hombres en una plaza de la localidad de Lules, donde lo obligaron a subir a un vehículo. Durante horas, fue privado de su libertad y trasladado por distintos puntos, contando con la complicidad de una agente de policía.
El cautiverio fue de una crueldad extrema: en una de las viviendas donde lo retuvieron, el hombre fue sometido a torturas físicas, utilizando una plancha para quemarlo y una pinza para herirlo. Paralelamente, los captores contactaron a su pareja para exigirle dinero bajo amenaza, alegando una deuda vinculada a criptoactivos. Finalmente, la víctima fue liberada sin que el pago se concretara.
Un fallo que sienta precedente
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán había condenado a los cuatro involucrados a penas de prisión, pero rechazó de plano el pedido de indemnización argumentando que las víctimas no se habían constituido formalmente como «actores civiles».
Esta decisión fue revertida por los jueces de Casación Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes consideraron que ese criterio era «en extremo formalista» y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
- Derecho garantizado: El fallo establece que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas dentro del mismo proceso penal, sin necesidad de que estas deban atravesar procesos burocráticos complejos.
- Próximo paso: El expediente regresa ahora al tribunal tucumano, que deberá fijar el monto económico que los condenados deberán pagar por los daños materiales, psicológicos y morales ocasionados a la pareja.
La fiscal general Indiana Garzón, quien impulsó el recurso, celebró la resolución, destacando que en el juicio se acreditaron fehacientemente los daños sufridos, por lo que su reparación es un acto de justicia necesario para cerrar un capítulo de violencia extrema.
