A pesar de las leves mejoras registradas en los últimos meses, el poder adquisitivo continúa por debajo de los niveles previos al salto cambiario. El impacto es aún más severo en el sector público, donde la caída acumulada supera los ocho salarios.
La recuperación de los ingresos continúa tropezando con una realidad ineludible: la pérdida de poder de compra acumulada desde noviembre de 2023. Si bien el último informe del INDEC marcó una suba salarial del 2,2% en mayo frente a una inflación del 2,1%, el avance no alcanza para cicatrizar el deterioro que sufre el bolsillo de los trabajadores argentinos.
El impacto en los distintos sectores
De acuerdo con el análisis del director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, los trabajadores del sector privado formal son quienes mejor se posicionan, aunque sus ingresos siguen rezagados frente a la dinámica inflacionaria.
La situación es considerablemente más grave para los empleados públicos, tanto nacionales como provinciales. Al acumular las pérdidas de los últimos meses, Argañaraz advirtió que la caída equivale a 8,8 sueldos de noviembre de 2023 en el caso de los estatales, profundizando una tendencia a la baja que, en una perspectiva histórica, hunde el poder adquisitivo un tercio por debajo de los niveles de 2017.
Para el especialista, este escenario responde directamente al eje de la política económica nacional: «Una disminución del gasto público y un achique del peso del Estado en la economía para darle espacio al sector privado».
Tarifas y consumo: los hogares más apretados
El deterioro salarial no opera en el vacío, sino que convive con un fuerte cambio en los precios relativos. El incremento de las tarifas de los servicios públicos —cuyos costos relativos aumentaron entre un 50% y un 60% en pocos años— absorbe una porción mucho mayor del presupuesto familiar.
«Si una persona hoy sigue consumiendo los mismos kilowatts de energía o metros cúbicos de gas que en 2023, está destinando un 60% más de sus ingresos para pagarlos», subrayó Argañaraz. Esta presión sobre los gastos fijos no solo limita el consumo general, sino que también ha comenzado a incidir en la morosidad de los créditos familiares, complicando a los hogares que intentan mantenerse al día con sus compromisos financieros.
Mientras el Gobierno celebra las variables macroeconómicas vinculadas al equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria, el informe expone la contracara social: una mayoría de trabajadores que, en términos reales, se siente más pobre a la hora de pagar servicios y sostener su calidad de vida.
