Maximiliano Córdoba desató un comunicado para contestarle a la concejala disidente, remarcó que las decisiones fueron votadas por una mayoría de ocho ediles, rechazó las acusaciones de violencia de género y afirmó que la asignación del personal depende del Ejecutivo municipal.
La tensión política en el municipio de Tafí Viejo sumó un nuevo capítulo este viernes. Luego de que la concejala Daniela Bravo anunciara que agotó la vía administrativa y llevaría su reclamo a la Justicia, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, salió a responderle públicamente a través de un comunicado oficial en el que buscó despegarse de las acusaciones directas en su contra.
El eje de la disputa: autoridades, personal y perspectiva de género
El conflicto se originó tras la ruptura política protagonizada por Bravo en marzo pasado con el espacio del exintendente y actual diputado nacional Javier Noguera —hoy alineado con la administración de la intendenta Alejandra Rodríguez—. A partir de ese distanciamiento, la concejala fue removida de la Vicepresidencia 1ª de la cámara y, según denunció, se le retiró la totalidad del personal adscrito a su despacho, quedando como la única edil sin agentes de colaboración y señalando una presunta situación de persecución y violencia de género (en un cuerpo donde solo dos de los 12 ediles son mujeres).
En respuesta a estos planteos, Córdoba argumentó que las decisiones cuestionadas «no son resoluciones personales de la Presidencia, sino del órgano colegiado», aprobadas por una mayoría de ocho concejales conforme a la normativa provincial y al reglamento interno.
Respecto a la quita de los tres agentes asignados a su oficina, el presidente del Concejo deslizó la responsabilidad institucional hacia el Departamento Ejecutivo municipal, al indicar que la administración y reasignación de personal no es competencia del cuerpo legislativo sino de la Intendencia.
Asimismo, la conducción del Concejo rechazó de plano el planteo de género formulado por la edila, al sostener que carece de elementos objetivos y remarcar que tanto la intendencia municipal como cargos clave de la estructura de gobierno y la propia Mesa Directiva del cuerpo son ocupados por mujeres.
Finalmente, el comunicado advirtió que el agotamiento de la vía administrativa se rige por las normativas legales y no por declaraciones en redes sociales, remarcando que las diferencias políticas son legítimas en democracia, pero pidiendo evitar imputaciones de discriminación o violencia institucional sin sustento probatorio.
