Sarah Khalifa, influencer y conductora con millones de seguidores, formaba parte de un grupo de 12 personas sentenciadas a la horca por integrar una red dedicada a la fabricación y contrabando de drogas sintéticas. «He sido víctima de una injusticia», clamó entre lágrimas.
Una fuerte conmoción se vive en Egipto tras conocerse la condena a muerte dictada este sábado contra la popular presentadora de televisión y ref_placeholder Sarah Khalifa, quien fue hallada culpable de formar parte de una red internacional de narcotráfico, según informó el medio estatal Al-Ahram.
Khalifa, que cuenta con 2,5 millones de seguidores en Instagram, dirige su propia clínica de belleza y supo conducir un programa de entretenimiento junto al conocido músico Hamo Bika, integró un grupo de 12 personas condenadas a la pena capital en la horca y multadas con 500.000 libras egipcias (unos US$ 9.800) por el Tribunal Penal de El Cairo. En el mismo fallo, otras nueve personas recibieron cadenas perpetuas y siete resultaron absueltas.
La acusación y la defensa
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la banda criminal estaba especializada en la importación desde el extranjero de sustancias químicas necesarias para la elaboración de narcóticos sintéticos, además de enfrentar cargos por tenencia ilegal de armas de fuego. Las autoridades sostienen que durante los operativos se incautaron 750 kilogramos de drogas sintéticas y materias primas almacenadas en una propiedad residencial, respaldando el caso con testimonios de 20 testigos, registros telefónicos y material audiovisual.
Durante la lectura del veredicto, un video que circuló en redes sociales —cuya autenticidad no pudo ser verificada de manera independiente— mostró a la conductora rompiendo en llanto mientras suplicaba clemencia al tribunal. «Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia», se le escucha manifestar.
El equipo de defensa de la presentadora fue contactado para brindar declaraciones, mientras el caso vuelve a poner bajo la lupa el riguroso sistema judicial de Egipto, un país que dictó cientos de condenas a muerte en los últimos años, según registros de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional.
