El modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, caracterizado por su régimen de aislamiento extremo y su gran capacidad de reclusión, se ha transformado en un referente de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Ante el avance del crimen organizado, más de una decena de gobiernos de la región han manifestado su intención de replicar esquemas de megacárceles; sin embargo, criminólogos y especialistas consultados advierten sobre los elevados costos, los riesgos operativos y la falta de evidencia que respalde su eficacia a largo plazo.
El análisis de expertos en sistemas penitenciarios señala que confinar a toda la población penal en recintos de máxima seguridad resulta ineficiente y contraproducente, ya que agrupa perfiles delictivos diversos y eleva el riesgo de contagio criminógeno. Asimismo, recuerdan que la evidencia internacional y las normativas de organismos multilaterales sugieren el uso de establecimientos de tamaño moderado, dado que las grandes estructuras complejas históricamente han presentado mayores dificultades de control y un historial vinculado a graves incidentes de violencia en el continente.
Propaganda, derechos humanos y el abordaje estructural del delito
Si bien los encarcelamientos masivos han coincidido con una disminución de los índices de homicidios y un fuerte impacto simbólico frente a la ciudadanía, los especialistas advierten que este efecto político no reemplaza la necesidad de contar con fiscalización externa, respeto a los estándares de derechos humanos y programas orientados a la reinserción social.
Finalmente, los expertos coinciden en que las soluciones carcelarias actúan exclusivamente sobre las consecuencias finales de la actividad delictiva. Para contener de manera efectiva el crecimiento de las organizaciones criminales en América Latina, subrayan que resulta indispensable implementar políticas públicas orientadas a combatir la exclusión social, mejorar las condiciones educativas y promover la integración laboral.
