El Instituto Brasileño del Juego Responsable pidió al Supremo Tribunal Federal que suspenda la medida adoptada por el Gobierno y advirtió sobre posibles “efectos irreversibles”. El reclamo se presentó mientras Brasil transita los últimos días antes de las elecciones presidenciales.
Las empresas de apuestas deportivas de Brasil acudieron este lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la suspensión de la prohibición de las llamadas bets impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El pedido fue presentado por el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), principal asociación del sector, que planteó la necesidad de una resolución urgente al considerar que la medida podría generar “efectos irreversibles” antes de que sea analizada por el Congreso.
La prohibición fue establecida mediante una medida provisional firmada por Lula el viernes 25 de septiembre. La norma alcanza la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, tanto deportivas como de juegos online.
En su presentación ante la Corte, el IBJR invocó principios vinculados con la libertad económica, la competencia y la seguridad jurídica. La entidad sostuvo que la decisión genera un deterioro en la confianza del ambiente de negocios debido a que las empresas del sector realizaron inversiones, pagaron impuestos y contrataron trabajadores.
El reclamo por los permisos otorgados
Uno de los argumentos planteados por la asociación está relacionado con los permisos que habían recibido las empresas para desarrollar su actividad.
El IBJR sostuvo que la nueva medida “frustra los derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas regulatorias del Estado”, en referencia a la legislación de 2023, que había otorgado permisos por cinco años a las empresas autorizadas.
La entidad también cuestionó que el Gobierno haya actuado, según su planteo, de manera “unilateral” y sin “criterio técnico”. Además, sostuvo que la decisión implica quitarle atribuciones al Congreso en la definición de políticas públicas.
La medida adoptada por Lula deberá ser analizada por el Poder Legislativo, que cuenta con un plazo de 120 días para aprobarla o rechazarla.
Mientras se desarrolla ese proceso, las empresas que hasta ahora operaban legalmente quedaron alcanzadas por las nuevas restricciones. La normativa también contempla la prohibición de publicidad de la actividad.
Los argumentos de Lula
El Gobierno brasileño justificó la decisión a partir de los efectos que, según sostiene, las apuestas pueden generar sobre las familias.
Lula vinculó específicamente las apuestas con el endeudamiento de los hogares y defendió la necesidad de limitar una actividad que, según su planteo, puede profundizar los problemas financieros.
“Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país”, afirmó el presidente al referirse a las apuestas.
En la misma línea, sostuvo:
“Las apuestas en línea son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano”.
La medida del Gobierno alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos online y fue presentada oficialmente como parte de un conjunto de decisiones destinadas a restringir la actividad y abordar el problema del endeudamiento de las familias.
El conflicto llega a la Corte en plena campaña electoral
El enfrentamiento entre el Gobierno y las empresas de apuestas se produce pocos días antes de las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para este domingo.
Lula busca la reelección y tiene entre sus principales adversarios a Flávio Bolsonaro. El candidato de la derecha cuestionó la decisión del Gobierno y calificó la medida como un “fraude electoral”.
La presentación judicial de las empresas se conoció, de esta manera, en plena recta final de la campaña electoral brasileña.
La disputa por las bets suma así una dimensión judicial al debate sobre la regulación de las apuestas en Brasil. Mientras el Gobierno sostiene que la prohibición apunta a limitar sus efectos sobre las familias, las entidades que representan al sector cuestionan la medida y buscan que el Supremo Tribunal Federal suspenda su aplicación.
El planteo presentado ante la Corte deberá ser analizado ahora por la Justicia brasileña, mientras la medida provisional continúa su recorrido institucional en el Congreso.
