El Operativo Lapacho detectó un fuerte incremento en el envío de vehículos despiezados a través de correos privados. En lo que va del año, ya se secuestraron más de 70 unidades en la frontera tucumana, un 10% más que el año pasado.
Una sofisticada red criminal está transformando el mapa del delito automotor en Argentina. Utilizando empresas de logística legal como pantalla, bandas organizadas desmantelan vehículos robados en el centro del país y despachan sus piezas hacia Salta y Jujuy, logrando completar el circuito de ilegalidad en menos de diez días.
El último gran golpe a esta modalidad se dio en el puesto fronterizo de 7 de Abril, donde efectivos policiales interceptaron más de 40 paquetes que contenían el desguace completo de una camioneta Toyota SW4 robada en Buenos Aires apenas días antes. Según el comisario Fabio Ferreyra, este sistema está reemplazando al traslado tradicional de rodados, ya que las piezas separadas son mucho más difíciles de detectar en los controles rutinarios.
Las estadísticas de 2026 son contundentes: se recupera un bien con ruedas cada dos días en los límites de Tucumán. El fenómeno afecta especialmente a las motocicletas de alta gama; de las 26 secuestradas este año, 21 viajaban ocultas en encomiendas. Los investigadores señalan que el destino final suele ser la frontera con Bolivia, donde la normativa vigente facilita la regularización de unidades sin exigir antecedentes de origen, lo que alimenta un mercado negro regional en constante expansión.
La complejidad judicial de estos casos, que involucran múltiples jurisdicciones y el uso de «prestanombres» para recibir los envíos, representa hoy el mayor desafío para las autoridades federales que intentan frenar este tráfico interprovincial de autopartes.
