Tras 141 allanamientos en todo el país, una armería de calle Chacabuco volvió a ser intervenida. La investigación reveló un sofisticado esquema que utilizaba «testaferros» para desviar armas legales hacia bandas narco de Chile y Brasil.
Una investigación que comenzó en las rutas tucumanas terminó destapando una de las mayores redes de tráfico ilegal de armas de la región. El caso, que involucra a una armería ubicada en Chacabuco al 100, expone cómo armamento adquirido legalmente en la provincia terminaba en manos de organizaciones criminales internacionales, como el Comando Vermelho de Brasil. El fiscal federal Agustín Chit logró reconstruir un circuito donde empleados de la armería e instructores de tiro simulaban ventas a terceros para alimentar el mercado negro.
El hilo conductor de la causa fue la detención de dos ciudadanos chilenos en Aguilares durante 2023, quienes transportaban pistolas 9mm registradas a nombre de personas en Tucumán que no podían justificar la compra. El modus operandi consistía en captar a legítimos usuarios para que pusieran las armas a su nombre y luego las entregaran a intermediarios. Esta «fuga» de armamento desde el mercado legal hacia el ilegal se replicó en 12 provincias, culminando con la detención de 35 personas y el secuestro de un arsenal que incluye ametralladoras, fusiles y más de 40.000 municiones.
La dimensión del escándalo es global: las pericias vinculan estas redes con el hallazgo de fusiles FAL del Ejército Argentino en favelas de Río de Janeiro durante operativos letales en 2025. En Tucumán, la justicia federal ya indagó a los implicados —empleados, gestores y compradores formales— mientras analiza los teléfonos secuestrados para determinar el alcance total de la logística de acopio que permitía cruzar las fronteras hacia Chile y Paraguay.
El allanamiento a la armería capitalina marca un precedente histórico en la provincia, revelando que Tucumán no era solo un punto de paso, sino un centro de origen de armamento para el crimen organizado transnacional.
