El relevamiento revela que los crímenes ocurren a un ritmo de uno cada 33 horas, superando las cifras del año anterior. Del total de casos, el 75% de las víctimas contaba con una orden de restricción contra el agresor, mientras que solo el 11% había formalizado denuncias previas ante la Justicia.
Un nuevo y alarmante informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) expuso la gravedad de la violencia de género en el país, registrando 176 casos de femicidios entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026. La estadística arroja un promedio de un crimen cometido cada 33 horas, superando ya el total de víctimas contabilizadas durante el año precedente.
Del desglose presentado por la organización se desprende que, en el período analizado, se produjeron 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones o niños, ocho trans/travesticidios, 17 en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y nueve suicidios feminicidas. Como consecuencia directa de estos crímenes, 132 niños y adolescentes se quedaron sin madres.
Radiografía de los crímenes y críticas a la falta de políticas
El informe profundiza en la vulnerabilidad institucional y el perfil de los involucrados durante los primeros ocho meses del año:
- Medidas de protección insuficientes: A pesar de la tragedia, el 75% de las mujeres tenía una orden de restricción contra su agresor, el 12% contaba con botón antipánico, y únicamente el 11% se había presentado ante la Justicia para realizar denuncias formales.
- Provincias más afectadas: Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) encabezan el índice con las tasas más altas de feminicidios a nivel nacional.
- Modus operandi: Las armas de fuego lideraron los métodos letales con un 32%, seguidas por las armas blancas (24%), la asfixia (13%) y los golpes (11%). La edad promedio de las víctimas se ubicó en los 39 años —incluyendo a 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores—, en tanto que la edad promedio de los femicidas fue de 41 años.
Ante este escenario, MuMaLá emitió duras críticas hacia la falta de prevención y herramientas efectivas por parte del Estado, exigiendo a nivel nacional la restitución urgente de los presupuestos, las estructuras funcionales y las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
