La Justicia tucumana advirtió a las familias de los menores implicados que iniciará acciones civiles para recuperar los gastos del despliegue policial. El Ministerio Público Fiscal busca que los responsables costeen el uso de brigadas, patrulleros y tecnología de rastreo.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) endureció su postura frente a la ola de amenazas y pintadas que afectó a instituciones educativas de la provincia. En una serie de citaciones encabezadas por la Unidad de Delitos Complejos, se notificó formalmente a los padres que, más allá de la situación penal de sus hijos, deberán responder económicamente por el perjuicio causado al Estado.
La fiscal Mariana Rivadeneira explicó que estos hechos, lejos de ser considerados simples «bromas», generan una parálisis escolar y una movilización de recursos millonaria. Cada amenaza activa protocolos que involucran a Criminalística, Delitos Telemáticos y brigadas especiales. Según fuentes judiciales, la ley de minoridad puede frenar una condena penal, pero la responsabilidad civil recae directamente sobre los tutores legales, quienes podrían ser demandados para compensar las erogaciones estatales.
Durante los operativos detallados a los padres, se subrayó el impacto de utilizar personal especializado y tecnología de punta para rastrear el origen de los mensajes. La intención del Poder Judicial es sentar un precedente disuasivo que frene la zozobra en la comunidad educativa. La coordinación entre el Ministerio de Educación y la Justicia busca ahora que el costo del despliegue de patrulleros y el tiempo perdido en el ciclo lectivo sea devuelto al erario público por los responsables de los menores.
Con esta medida, las autoridades esperan reducir la frecuencia de estos incidentes, enviando un mensaje claro: el accionar de los alumnos tendrá consecuencias financieras directas para sus familias.
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