El presunto capo narco tucumano había conseguido el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera, pero un nuevo revés judicial en Jujuy frustró su salida. Ahora se le dictó prisión preventiva y evalúan trasladarlo a una cárcel de Buenos Aires.
La situación judicial de Javier «Chuky» Casanova, considerado por los investigadores como uno de los principales referentes del narcotráfico en Tucumán, dio un giro drástico en pocos días. Tras haber estado a un paso de cumplir prisión preventiva en su domicilio, el acusado pasará a la clandestinidad de las celdas federales luego de ser formalmente procesado en otra causa por el transporte de 50 kilos de cocaína.
El nuevo escenario se detonó tras la resolución adoptada por un magistrado federal de Jujuy, quien dictó su procesamiento y ordenó una prisión preventiva de 30 días en el marco de un expediente por un millonario cargamento de estupefacientes que, según la pesquisa, estaba destinado a Casanova.
Frente a este panorama, el juez federal tucumano José Manuel Díaz Vélez —con el respaldo del fiscal Rafael Vehils Ruiz— entendió que la nueva imputación incrementaba de manera exponencial el peligro procesal y dejó sin efecto el beneficio de la detención domiciliaria que le había concedido pocos días antes.
Un complejo prontuario y un acuerdo pendiente
El recorrido judicial de Casanova incluye un pacto con el Ministerio Público Fiscal a fines de julio, donde el acusado reconoció la propiedad de la droga y aceptó una condena de tres años de cumplimiento efectivo. Asimismo, ofreció donar dos millones de pesos a un hospital público y el decomiso de bienes por más de 150.000 dólares —incluyendo una camioneta Ford Raptor y motos de alta gama—. No obstante, dicho acuerdo aún aguardaba la revisión de la Cámara Federal y la posterior homologación del Tribunal Oral.
En paralelo, la tensión se había disparado cuando la Justicia detectó una maniobra irregular: personal del Servicio Penitenciario había tramitado ante un juzgado provincial (y no el federal) un permiso para trasladar a Casanova al Hospital Avellaneda por un supuesto problema de salud. Aunque la jueza Ana María Iácono firmó la autorización, el procedimiento fue frenado a tiempo por Díaz Vélez al advertir la incompetencia. Para los investigadores, este episodio encendió las alertas sobre una posible maniobra de fuga, respaldada además por el hecho de que Casanova ya sabía que desde abril pendía sobre él un pedido de captura secreto en Jujuy.
Destino fuera de la provincia
Con la orden de encierro dictada desde el norte, las autoridades judiciales y penitenciarias se enfrentaron a un nuevo obstáculo: la falta de plazas disponibles en las cárceles federales del NOA.
Por este motivo, y ante las sospechas de que el imputado pudo haber gozado de privilegios o contactos irregulares dentro del sistema de detención local, analizan por estos momentos su traslado a un establecimiento penitenciario ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde permanecerá alojado mientras se acumulan y avanzan los distintos frentes judiciales en su contra.
