El diputado Juan Marino presentó una denuncia penal contra el Presidente y varios funcionarios por autorizar mediante DNU la llegada de más de 350 militares extranjeros. La presentación advierte una posible violación a la Constitución Nacional y plantea delitos de abuso de autoridad y traición a la Patria.
La política exterior del Gobierno de Javier Milei sumó un frente judicial complejo. El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, formalizó una denuncia penal contra el mandatario y parte de su gabinete por el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para la realización de ejercicios militares, una medida que, según el legislador, debió pasar por la aprobación del Poder Legislativo.
La causa recayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini. Además del Presidente, la presentación alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari.
El eje de la controversia
El núcleo de la denuncia radica en el procedimiento administrativo utilizado. Marino sostiene que el ingreso de tropas extranjeras para ejercicios militares es una facultad exclusiva del Congreso, conforme lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional.
En el escrito, patrocinado por el abogado Eduardo Barcesat, el legislador argumenta que el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para este fin vulnera la Ley 25.880. Según el planteo:
- El Ejecutivo se habría arrogado facultades propias del Congreso.
- Se habrían configurado los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.
Ejercicios bajo la lupa
La denuncia detalla que el Gobierno autorizó el ingreso de más de 350 militares estadounidenses que operaron durante 42 días en bases de Buenos Aires y Córdoba. El despliegue incluyó maniobras como “Daga Atlántica” y “PASSEX”, vinculadas a la presencia del portaaviones nuclear USS Nimitz en la Zona Económica Exclusiva argentina.
El diputado también subrayó el fuerte alineamiento geopolítico que implica esta decisión, cuestionando que se haya tomado de forma unilateral en un contexto de tensiones internacionales. «El Presidente no puede arrogarse por sí ni por decreto una decisión que la Constitución reserva al Congreso», señaló Marino en su presentación.
Ahora, el juez Ercolini deberá evaluar la documentación presentada para determinar si se abre una investigación formal o si el planteo es archivado. Mientras tanto, desde la Casa Rosada no hubo respuestas oficiales sobre la acción judicial que pone en jaque la reciente política de defensa del oficialismo.
