Con 237 votos positivos, 9 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad que reemplazará a la emergencia vigente. El acuerdo parlamentario permitió dejar sin efecto el polémico ajuste en el área incluido en el Presupuesto 2027 y ratificar los pilares del sistema actual, incluyendo pensiones, el CUD y la compatibilidad con el empleo formal.
Tras un intenso proceso de negociaciones y debates que se extendieron durante toda la jornada, la Cámara de Diputados logró sancionar un proyecto consensuado entre el oficialismo, los bloques aliados y gran parte de la oposición para reemplazar la Emergencia en Discapacidad que vencía a fin de año. La iniciativa, que ahora girará al Senado, obtuvo una amplia mayoría de dos tercios —237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones—, un volumen político que vuelve prácticamente imposible la introducción de cambios en la Cámara alta o un eventual veto del Poder Ejecutivo.
El entendimiento se alcanzó luego de que el oficialismo aceptara dar marcha atrás con el capítulo de fuertes recortes en materia de discapacidad que el Gobierno había incluido sorpresivamente dentro del proyecto de Presupuesto 2027. Aquel texto enviado por el Ejecutivo pretendía modificar el criterio de «invalidez laboral» para acceder a las pensiones, eliminar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa, establecer una incompatibilidad absoluta con el trabajo formal y derogar el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. La reacción conjunta de las organizaciones del colectivo de discapacidad y la presión opositora forzaron la redacción de una alternativa superadora.
El texto definitivo ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad —fijadas en un equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio—, convalida el CUD como instrumento principal de acceso y preserva el nomenclador universal con arancel unificado. Asimismo, por expresa solicitud de los bloques negociadores, se garantizó la compatibilidad entre el beneficio y el empleo registrado, permitiendo que las personas perciban la pensión siempre que sus ingresos laborales no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. A su vez, se incorporaron garantías de cobertura médica a través del programa Incluir Salud, partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud con previsión de fondos del Tesoro, y la obligación de cancelar deudas pendientes con los prestadores en un plazo máximo de 90 días.
El arco político acompañó de forma masiva la medida, sumando los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Unión por la Secretaría Parlamentaria de UxP. Las únicas notas discordantes vinieron dadas por los diputados cordobeses (de Provincias Unidas y Unión por la Patria), quienes votaron en contra al argumentar una supuesta falta de participación de las organizaciones sociales en el proyecto, y por la izquierda, que optó por la abstención debido a la falta de actualización en los pagos atrasados a los prestadores. Con un amplio consenso transversal, la norma consolida de forma permanente gran parte del régimen protectorio vigente.
