Un informe del Observatorio MuMaLá advierte que se comete un crimen cada 33 horas en el país. El 75% de las víctimas tenía una orden de restricción contra su agresor y solo el 11% había denunciado formalmente.
En el marco de un preocupante incremento de la violencia machista, un nuevo informe elaborado por el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) reveló que en lo que va de 2026 ya se registraron 176 casos de femicidios en la Argentina, lo que representa un crimen cada 33 horas y supera la cantidad total de víctimas reportadas durante el año anterior.
El relevamiento detalla que, entre el 1° de enero y el 31 de agosto, los crímenes se dividieron en 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones y niños, 8 trans/travesticidios, 17 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y 9 suicidios feminicidas. Como consecuencia directa de estos hechos, 132 niños y adolescentes se quedaron sin madre.
Datos alarmantes sobre las víctimas y los agresores
El informe expone graves fallas en los mecanismos de protección estatal y la respuesta institucional:
- Denuncias previas: Únicamente el 11% de las víctimas se había presentado ante la Justicia para denunciar los hechos de violencia.
- Medidas de protección: Un dato que enciende las alarmas es que el 75% de las mujeres tenía una orden de restricción de acercamiento contra el agresor y un 12% contaba con botón antipánico.
- Provincias con mayores tasas: Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) se posicionaron como las jurisdicciones con las tasas más altas de feminicidios por habitante en el país.
- Modus operandi: Las armas de fuego lideraron las estadísticas fatales con el 32%, seguidas por las armas blancas (24%), la asfixia (13%) y los golpes (11%).
- Edades: La edad promedio de las víctimas es de 39 años (incluyendo a 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores), mientras que el promedio de edad de los femicidas se ubicó en los 41 años.
Reclamos y críticas a la falta de políticas
Ante este escenario, desde MuMaLá lanzaron duras críticas contra la falta de prevención y herramientas efectivas para abordar la problemática social. En esa línea, exigieron a nivel nacional «la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo».
