La Casa Rosada oficializó la postergación de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas y trasladó la apertura de ofertas al próximo 21 de diciembre. La medida responde a los pedidos de las empresas interesadas para realizar inspecciones y evaluar inversiones, en un escenario marcado por flexibilizaciones en los requisitos financieros, modificaciones en las exigencias técnicas y nuevas precisiones para acceder al régimen de incentivos RIGI.
A través de la Resolución 1914/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso prorrogar los plazos de la licitación orientada a la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., trasladando la fecha de recepción y apertura de sobres desde el 11 de noviembre original hasta el próximo 21 de diciembre. La decisión ejecutiva se instrumentó luego de que diversas compañías solicitaran un compás de espera más amplio para inspeccionar in situ los 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias —que abarcan las trazas de los ferrocarriles General Belgrano, General San Martín y General Urquiza— y calcular con mayor precisión las inversiones bajo un esquema de concesiones por 50 años.
La modificación del cronograma oficial se produce además a dos semanas de la baja de Grupo México Transportes (GMXT), el único competidor extranjero que evaluaba participar y que desistió de la compulsa al cuestionar el modelo de «acceso abierto» (open access) fijado por ley. En paralelo, los pliegos reformulados introdujeron flexibilizaciones clave para facilitar la conformación de consorcios: se permitió que la capacidad financiera se acredite mediante un máximo de dos socios financieros con índices de solvencia iguales o superiores a uno, y se establecieron pautas técnicas específicas para el socio técnico, que deberá retener un 10% accionario mínimo con derecho a voto durante los 180 días posteriores a la habilitación de las obras.
Asimismo, la normativa incorporó aclaraciones sobre la opción de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), permitiendo a los oferentes presentar una variante sujeta a los beneficios fiscales del régimen —siempre que comprometan desembolsos mínimos de USD 200 millones para renovación de vías—. Con este nuevo escenario, la pulseada por el control de la red ferroviaria y logística del norte argentino concentra la atención de un consorcio de grandes cerealeras (AGD, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y ACA), el Grupo Roggio y empresas mineras de peso internacional como Rio Tinto, First Quantum y Glencore, interesadas en garantizar la conectividad de los corredores productivos hacia los puertos de exportación.
