En medio de los reclamos de los mandatarios provinciales por la caída de la coparticipación, un informe reveló que el Gobierno nacional distribuyó menos del 20% de los fondos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los primeros diez meses del año. De más de $1 billón recaudado, apenas se ejecutaron $197.500 millones, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se prepara para negociar con las provincias la eliminación del impuesto a los Sellos ofreciendo compensar la mitad de la pérdida recaudatoria.
Durante los primeros diez meses de 2026, los ingresos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) superaron el billón de pesos ($1.024.482 millones), pero el Poder Ejecutivo nacional apenas devengó y distribuyó $197.500 millones, lo que representa un 19,3% del total disponible, dejando sin repartir el 80,7% restante ($826.982 millones). A pesar de que este nivel de ejecución se mantiene por debajo de los registros históricos del período 2021-2023, superó los magros porcentajes de 2024 (5,4%) y 2025 (17,1%), según datos de la consultora Analytica y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
La subejecución de los fondos de emergencia agudizó los cruces con los gobernadores, quienes reclaman por la merma en los recursos coparticipables y la escasez de partidas discrecionales, sumándose a las duras críticas de mandatarios como el bonaerense Axel Kicillof. Entre enero y noviembre, los ATN llegaron a un total de 15 provincias, siendo Misiones ($28.000 millones) y Corrientes ($22.500 millones) las jurisdicciones más beneficiadas, seguidas por Catamarca ($18.500 millones), Salta y Entre Ríos ($18.000 millones cada una).
En paralelo al escenario financiero y con el objetivo de avanzar en un rediseño tributario, el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsará negociaciones con los gobernadores provinciales para eliminar el impuesto a los Sellos. Para destrabar los respaldos políticos necesarios, la Casa Rosada ofrecerá cubrir el 50% de la caída en la recaudación que experimente cada distrito que adhiera a la medida. Sin embargo, desde las administraciones provinciales advirtieron la dificultad de concretar este tipo de pactos fiscales en un contexto de contracción económica, caída de empleo privado y menor recaudación, reclamando un acuerdo más amplio que incluya la revisión de otros tributos distorsivos como el impuesto al cheque.
