Una víctima de robo en Ciudadela denunció que el sistema no controla los acuerdos económicos y se siente «totalmente desprotegida».
El sistema de juicios abreviados en Tucumán quedó bajo la lupa tras la denuncia de Nadia, una joven que fue brutalmente asaltada en barrio Ciudadela el año pasado. A pesar de haber aceptado una salida alternativa para evitar el trauma de un juicio oral, la víctima denunció que uno de los delincuentes —condenado a prisión condicional— dejó de pagar la reparación económica pactada. El caso expone una falla sistémica: los condenados recuperan la libertad, pero el resarcimiento a las víctimas queda en la nada.
El ataque ocurrió en calle Amador Lucero al 200, donde dos motochorros derribaron a Nadia de su bicicleta y le provocaron un corte profundo en el rostro. Tras meses de audiencias, la joven aceptó un acuerdo de dos años de prisión condicional y un pago de seis millones de pesos entre ambos imputados. Sin embargo, mientras uno cumplió, el otro pagó solo la primera cuota y desapareció del radar judicial.
«Me siento desprotegida porque no cumplieron la condena de manera efectiva, no pagaron y siguen en libertad», expresó Nadia, quien además aseguró haber visto a los agresores circulando nuevamente por su zona. Su abogado, Juan Sebastián Bauque, presentó reclamos ante la Fiscalía de Robos y Hurtos III, pero denunció un «peloteo» administrativo entre organismos que termina favoreciendo el desgaste de las víctimas.
Según el letrado, este no es un hecho aislado. Bauque maneja actualmente cerca de diez causas con incumplimientos similares, incluyendo un caso de «viudas negras» que tampoco completaron el pago acordado. La crítica apunta a la falta de supervisión por parte del Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Gestión de Audiencias, lo que permite que los delincuentes mantengan el beneficio de la libertad sin cumplir con la contraprestación económica.
La situación reaviva el debate sobre las «salidas alternativas». Mientras el sistema busca celeridad para cerrar expedientes, las víctimas denuncian que se termina consagrando una suerte de impunidad económica, donde la reparación es apenas una promesa en un papel que nadie se encarga de ejecutar.
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