En medio de una fuerte controversia institucional, la Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspendió la derogación de la Ley de Tierras, restableciendo de este modo las restricciones vigentes para la venta de inmuebles rurales a ciudadanos extranjeros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un giro trascendental al dictar una medida cautelar interina que deja en suspenso la derogación de la Ley de Tierras, reinstaurando las limitaciones legales que regulan y restringen la adquisición de extensiones territoriales por parte de extranjeros. La decisión judicial se originó a partir de una presentación impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y comunidades indígenas como Lafkenche y Lof Fvta Anecon, quienes solicitaron precisiones sobre el impacto de su amparo colectivo, el cual había sido vinculado por conexidad a un expediente previo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Para poder emitir este fallo en tiempo récord, el máximo tribunal debió sortear y convocar a conjueces —siendo seleccionados Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza— con el objetivo de destrabar la falta de unanimidad entre los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Asimismo, la Corte acortó de 72 a 24 horas el plazo legal para eventuales recusaciones, considerando que el planteo de la asociación demandante involucraba directamente cuestiones relativas a la tutela y protección del daño ambiental.
En los términos prácticos del fallo, la causa fue devuelta al juzgado federal de Bariloche para que allí se evalúe la legitimación de los actores y se resuelva el fondo de la protección judicial solicitada. Sin embargo, mientras se sustancia ese proceso, la cautelar provisoria neutraliza los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, devolviendo plena vigencia a los topes y controles que la Ley 26.737 imponía a la titularidad extranjera de tierras rurales.
La resolución no contó con consenso unánime, ya que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Si bien reconoció que la legitimación de la asociación demandante difería de la del CECIM, el magistrado argumentó que el máximo tribunal carecía de competencia para dictar una medida cautelar de carácter provisorio en estas condiciones, advirtiendo en su voto que un proceder de esta naturaleza debilita la confiabilidad institucional del Poder Judicial de la Nación.
