Un informe oficial encendió las alarmas en el Noroeste Argentino (NOA) tras registrarse una caída superior al 33% en los decomisos de cocaína hasta octubre de 2026, en comparación con el año anterior. Mientras provincias como Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca sufrieron fuertes derrumbes en las incautaciones, Tucumán logró sostener sus cifras, obligando a redoblar los controles viales y a reforzar el Operativo Lapacho ante la aparición de nuevas rutas clandestinas y vuelos ilegales.
Las estadísticas oficiales correspondientes al período cerrado al 31 de octubre de 2026 expusieron una baja generalizada de más del 33% en el volumen de cocaína incautada en la región del NOA. El desplome afectó de manera desigual a las provincias vecinas: Salta y Jujuy registraron una retracción del 46,4%, Catamarca del 67,6% y Santiago del Estero lideró la caída con un 74,1%. En contraste, Tucumán se consolidó como el único distrito que mantuvo sus marcas al decomisar 1.014 kilos frente a los 1.027 kilos del año previo, reflejando una mínima variación del 1,3%.
Detrás de la disminución en los decomisos, investigadores y especialistas advierten que no se debe a una merma en la circulación de estupefacientes, sino a una mutación en las metodologías delictivas. Las organizaciones criminales comenzaron a intensificar el uso de aeronaves para vuelos clandestinos y el lanzamiento de cargas en zonas rurales de difícil acceso, sorteando los filtros terrestres tradicionales. A pesar de la implementación de los planes federales Güemes y Roca, los gobernadores de la región reclaman mayor radarización y recursos logísticos para blindar las fronteras.
Ante este panorama, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso blindar los accesos provinciales mediante el fortalecimiento del Operativo Lapacho. La estrategia contempla la incorporación de efectivos de la Digedrop y unidades tácticas especiales como el Grupo Cero para custodiar tanto las rutas principales como caminos vecinales alternativos, en momentos en que las fuerzas federales atraviesan tensiones por reclamos salariales e incertidumbre en sus coberturas de salud.
