La Fiscalía Departamental de Santa Cruz dictó la aprehensión del exmandatario por alentar una ola de protestas y bloqueos que paralizaron al país durante más de 50 días. Enfrenta cargos graves que contemplan penas de hasta 30 años de prisión, mientras permanece atrincherado en el Chapare bajo un cerco de seguridad.
Los frentes judiciales contra el expresidente de Bolivia Evo Morales continúan multiplicándose. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de captura contra el exmandatario (2006-2019) bajo la acusación de haber instigado y promovido las recientes y masivas protestas con bloqueos de rutas que mantuvieron paralizado al país andino durante más de 50 días.
Los graves cargos y las penas en juego
La investigación, impulsada tras las denuncias del Comité pro Santa Cruz y del Ministerio de Gobierno, le atribuye a Morales la presunta comisión de seis delitos:
- Alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado
- Terrorismo
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte
- Asociación delictuosa
- Instigación pública a delinquir
- Atentado contra la seguridad de los servicios públicos
De acuerdo con el Código Penal boliviano, solo los delitos de terrorismo y alzamiento armado contemplan penas máximas de 20 y 30 años de prisión, respectivamente. Desde el gobierno de Rodrigo Paz aclararon que la medida responde estrictamente a la órbita del Poder Judicial, desatendiendo los reclamos de persecución política formulados por el entorno del exgobernante.
Un conflicto con un saldo trágico
Las protestas registradas entre mayo y junio —generadas en rechazo a las medidas económicas, la inflación y la escasez de combustible aplicadas por la actual gestión— derivaron en una crisis humanitaria aguda con desabastecimiento de alimentos y medicinas. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, los cortes de ruta dejaron un saldo de 22 muertos, 88 heridos y 573 arrestados.
Por su parte, Morales justificó las medidas de fuerza aludiendo a antecedentes históricos de protesta social, aunque el pasado mayo advirtió públicamente que el presidente Paz debía optar entre «militarizar» el país o convocar a nuevos comicios.
Atrincherado en el Chapare y antecedentes judiciales
Esta nueva orden se suma al pedido de captura vigente desde 2024 (y renovado en 2025) por presuntos delitos de trata y tráfico de personas, una causa vinculada a una supuesta relación con una menor de edad en 2015 que el exmandatario también ha negado rotundamente.
Desde hace más de dos años, Morales permanece resguardado en su feudo político de la región cocalera del Chapare, protegido de manera permanente por un cerco humano de simpatizantes que impide la ejecución de las medidas judiciales en su contra.
