El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro convocado por ATE para este jueves. En simultáneo, la administración de Javier Milei mantiene negociaciones para incrementar las partidas destinadas a las universidades en el Presupuesto 2027, aunque rechaza la cifra de $11 billones reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional.
La Casa Rosada adoptó una postura de firmeza frente al paro nacional de 24 horas y la movilización convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves, ratificando que se le descontará la jornada a todos los empleados de la Administración Pública Nacional que se sumen a la medida de fuerza. La huelga gremial, que exige la derogación completa del DNU 70/2023, impactará con guardias mínimas en hospitales y posibles afectaciones en organismos nacionales como ANSES, PAMI, Migraciones, Senasa, la CNRT y la ANAC. Esta protesta coincidirá en el calendario con la quinta Marcha Federal Universitaria y con una sesión especial impulsada por sectores opositores en la Cámara de Diputados para intentar avanzar contra el decreto presidencial.
En paralelo al conflicto sindical y legislativo, el Ejecutivo nacional abrió un canal de diálogo con rectores, docentes y no docentes con el objetivo de encauzar las negociaciones en torno al financiamiento universitario de cara al Presupuesto 2027. El proyecto oficial enviado al Parlamento contempla una asignación cercana a los $7,5 billones para el sistema de educación superior, una cifra que contrasta fuertemente con los $11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), registrando una brecha cercana al 32%. Desde el sector universitario advierten que la propuesta actual tampoco alcanza para cubrir las obligaciones estipuladas por la Ley de Financiamiento Universitario ni las resoluciones judiciales vigentes.
Las tratativas oficiales no se limitan exclusivamente al volumen global de las transferencias financieras, sino que incorporan discusiones impositivas y previsionales vinculadas con el organismo fiscal y el esquema de aportes patronales que recae sobre las universidades nacionales. Con un régimen especial que prevé alícuotas crecientes hacia 2030, la administración central busca estructurar un entendimiento integral que combine fondos salariales, gastos de funcionamiento y cuestiones tributarias. La meta primordial de la Casa Rosada es lograr un pacto presupuestario que permita desactivar tanto el frente de conflicto universitario como el expediente judicial derivado del fallo que declaró inconstitucional condicionar la ley a la disponibilidad financiera.
Con un escenario político que concentra tres frentes simultáneos —el paro estatal, la masiva movilización educativa y la tensión en el Congreso—, el Gobierno busca aislar el reclamo universitario del terreno confrontativo para evitar que la disputa llegue abierta al año electoral. Mientras el vocero presidencial, Adrián Ravier, reafirmó que el Ejecutivo no recurrirá a la emisión monetaria ni a un mayor endeudamiento para cubrir los gastos, los funcionarios apuestan a que un acuerdo dentro del Presupuesto descomprima las tensiones y asegure el equilibrio fiscal proyectado para la administración pública.
