El juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez comenzará este lunes en los tribunales tucumanos con Felipe “El Militar” Sosa en el banquillo, señalado como el autor del crimen y para quien la Fiscalía solicitará la pena de prisión perpetua. El proceso contra Sosa y otros dos acusados de encubrimiento se extenderá hasta mediados de diciembre e incluirá la declaración de cerca de 70 testigos, además de abordar reclamos de reparación civil y posibles derivaciones hacia causas por narcotráfico.
Un proceso judicial clave por uno de los hechos más graves y resonantes de los últimos tiempos en Tucumán inicia su etapa decisiva. Este lunes arrancan las audiencias por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, causa en la que el fiscal Pedro Gallo sostendrá la acusación principal contra Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el delito de femicidio y para quien requerirá la condena a prisión perpetua. En el mismo debate, Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz llegarán en condición de imputados por encubrimiento, delito por el cual la Fiscalía solicitará penas de seis años de prisión efectiva, mientras que un cuarto involucrado, Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado previamente a tres años tras reconocer su participación en un juicio abreviado.
El tribunal integrado por los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Elina Gómez Moreira conducirá el debate oral que contará con la intervención de Carlos Garmendia en representación de la familia de la víctima. La nómina de testimonios previstos alcanza a unas 70 personas, entre las que se destacan peritos forenses, especialistas en análisis de telefonía celular, investigadores policiales, familiares y el propio Navarro Flores, cuya declaración sobre las horas posteriores al crimen resulta crucial para la reconstrucción del hecho y para el sostén de la hipótesis fiscal.
Más allá del juzgamiento del crimen, el desarrollo del juicio podría aportar elementos vinculados a presuntas actividades de narcotráfico en la región que involucrarían a allegados del principal acusado, como así también hipótesis sobre reuniones privadas en las que habrían participado personas vinculadas a sectores de poder. Aunque estos aspectos no integran la plataforma fáctica de la imputación actual, de surgir pruebas fehacientes en el recinto, los magistrados podrían girar las actuaciones a las dependencias judiciales correspondientes para el inicio de expedientes paralelos.
El debate contemplará de igual manera la pretensión indemnizatoria promovida por los padres de Érika, fijada en una suma superior a los $200 millones en concepto de reparación civil, a la cual se añaden los $100 millones comprometidos por el único condenado en la causa previa. Con un cronograma proyectado hasta el 11 de diciembre, la Justicia provincial inicia la recepción de pruebas para determinar las responsabilidades penales en una causa de profunda repercusión social y mediática en toda la provincia.
