Ivana Vanesa Argañaraz, de 47 años, quedó detenida con prisión preventiva por 60 días en una causa por una presunta estafa contra una concesionaria de San Miguel de Tucumán.
La investigación sostiene que habría participado junto a otras dos personas en la compra de tres vehículos mediante cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos.
Una mujer de 47 años quedó detenida con prisión preventiva por 60 días en el marco de una investigación por una presunta estafa cercana a los $90 millones contra una concesionaria de vehículos de San Miguel de Tucumán.
Se trata de Ivana Vanesa Argañaraz, quien fue imputada como presunta coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la mujer habría actuado junto a su pareja, Jorge Omar Abraham, y José Benjamín Zavalía.
La compra de tres vehículos
Según la acusación fiscal, en enero de 2025 los tres investigados se presentaron en una concesionaria ubicada en avenida Néstor Kirchner al 3900.
En el lugar, habrían manifestado ser titulares de negocios y propietarios de distintos bienes, además de mencionar otros emprendimientos que tendrían en común. Para la investigación, esas referencias habrían tenido como objetivo generar una apariencia de solvencia económica que permitiera concretar las operaciones.
En la concesionaria adquirieron tres vehículos: una Volkswagen Amarok Extreme 4×4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.
Para efectuar los pagos utilizaron cheques pertenecientes a INDI S.R.L., una empresa en la que Argañaraz poseía el 50% de las cuotas y cuyo objeto social está relacionado con un centro de diagnóstico neurofisiológico.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Argañaraz habría aportado la estructura societaria de la firma y la chequera, además de firmar los cheques.
Abraham, por su parte, habría recibido los valores, los habría firmado y endosado a su nombre antes de entregarlos en la concesionaria.
En cuanto a Zavalía, la acusación señala que se presentó como comprador, retiró dos de los vehículos y puso los cheques en circulación como forma de pago.
Sin embargo, cuando los valores fueron presentados al cobro, fueron rechazados por falta de fondos. Según la investigación, la maniobra habría provocado un perjuicio patrimonial estimado en casi $90 millones.
Una detenida, otro acusado prófugo y un tercero capturado
El avance de la investigación derivó en nuevas medidas judiciales. El 4 de septiembre, un juez había ordenado declarar en rebeldía a los tres acusados y disponer su captura nacional e internacional.
Argañaraz se presentó voluntariamente ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.
Abraham, en tanto, continúa prófugo.
Zavalía fue detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba dirigirse hacia Uruguay. Durante ese procedimiento también fue secuestrada la Volkswagen Amarok vinculada a la investigación.
Está previsto que Zavalía sea extraditado a Tucumán durante la próxima semana para quedar a disposición de la Justicia provincial.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal también señaló que la investigación deberá determinar una posible participación de Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero.
Prisión preventiva por 60 días
La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás formuló los cargos contra Argañaraz y solicitó que permanezca detenida con el objetivo de resguardar la investigación y permitir el avance de las medidas que todavía se encuentran pendientes.
La defensa de la acusada había solicitado que cumpliera la medida bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y ordenó que Argañaraz cumpla 60 días de prisión preventiva, con traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.
La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.
