El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la eliminación de 59 tasas, derechos y contribuciones municipales impulsadas por la gestión de la intendenta Rossana Chahla. La medida busca desburocratizar trámites comerciales y administrativos, permitiendo ahorros en certificaciones de libre deuda y permisos de uso de la vía pública, aunque la oposición cuestionó el impacto real en el bolsillo y solicitó precisiones sobre el costo fiscal.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán pondrá en marcha una importante reforma administrativa a partir de la publicación en el Boletín Municipal del proyecto que elimina 59 aranceles, tasas y contribuciones locales. La iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante a partir de una propuesta de la intendenta Rossana Chahla, busca agilizar la gestión pública y reducir gastos a vecinos y comerciantes que realizan trámites en dependencias como Ingresos Municipales, Catastro, Vía Pública, Bromatología y Cementerios, entre otras.
Entre las exenciones más destacadas se encuentra la eliminación del pago de los certificados de Libre Deuda y Cumplimiento Fiscal —que registran un valor de $4.600 cada uno—, así como la quita de aranceles por hojas administrativas en expedientes y permisos vinculados a la instalación de mesas, sillas, kioscos, food trucks y reformas en la vía pública. Según estimaciones del Ejecutivo capitalino, un contribuyente que realice múltiples gestiones simultáneas podría alcanzar un ahorro de hasta $11.500, si bien desde el Municipio aclararon que no se trata de un descuento generalizado en los impuestos principales sino de un alivio puntual a los trámites vigentes.
Durante el tratamiento legislativo, la bancada oficialista defendió el proyecto argumentando que las tasas eliminadas representaban apenas el 1,5% de la recaudación total de la Capital y que su fiscalización demandaba más recursos operativos de los que aportaba al Tesoro municipal. Sin embargo, desde bloques opositores como Compromiso Tucumán y Fuerza Republicana surgieron críticas enfocadas en la falta de precisión sobre el impacto fiscal neto y en el verdadero alcance del beneficio en el contexto económico actual, lo que derivó en la abstención de algunos ediles durante la votación.
La ordenanza contempla además la eliminación de cobros relacionados con la inspección de redes de servicios básicos —cuyo efecto directo en las facturas domiciliarias permanece supeditado a resoluciones judiciales previas— y no exime a las actividades comerciales del cumplimiento obligatorio de las habilitaciones y controles sanitarios. Con la sanción confirmada, el municipio avanzará en la reglamentación para dejar formalmente operativos los nuevos esquemas de exención arancelaria en la Capital tucumana.
