La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició expedientes administrativos para sancionar a Uber y DiDi tras confirmar que no cumplieron con la regulación vigente para plataformas digitales. Mientras Cabify presentó los datos de unos 200 choferes, el municipio avanza con un padrón digital directo para registrar a los conductores e intimará a las empresas incumplidoras.
El municipio de la capital tucumana endureció su postura frente a las aplicaciones de transporte y comenzó a tramitar expedientes sancionatorios contra Uber y DiDi por no adecuarse a las normativas vigentes. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, confirmó que ambas firmas omitieron fijar domicilio fiscal en la ciudad y tampoco remitieron los listados de choferes y vehículos exigidos cada 30 días. En contraposición, la empresa Cabify fue la única que cumplió con las exigencias del Ejecutivo al presentar la documentación de aproximadamente 200 prestadores, en el marco de las ordenanzas 5483/2025 y 5484/2025 sancionadas a fines del año pasado para regular el traslado de pasajeros en autos y motocicletas.
Ante la falta de respuesta por parte de la mayoría de las plataformas, la intendencia puso en marcha el Padrón Municipal Digital (Resolución N.º 0033/D.S./2026), un registro obligatorio, gratuito e individual habilitado hasta el 30 de noviembre. Mediante el sistema Ciudadano Digital (CiDiTuc) o en dependencias del Sutrappa, los choferes deben acreditar su licencia de conducir, certificado de reincidencia, VTV al día, seguro para pasajeros y que la unidad no supere los 13 años de antigüedad para obtener la identificación con código QR. Arnedo defendió la medida argumentando que no posee fines recaudatorios, sino que busca ejercer el rol de contralor para garantizar la seguridad de los usuarios e identificar a quiénes prestan el servicio en las calles.
La implementación del registro individual desató un intenso contrapunto político en el ámbito municipal, encabezado por el concejal Leandro Argañaraz, quien presentó un proyecto para frenar la disposición del Ejecutivo. El edil opositor sostuvo que la ordenanza aprobada regulaba la inscripción de las empresas y no de los trabajadores, cuestionando que se exijan requisitos que habían sido descartados durante el debate parlamentario y advirtiendo que un dictamen de la Fiscalía Municipal no puede alterar el espíritu de una norma sancionada por el Concejo Deliberante.
Frente a los cuestionamientos, Arnedo cruzó al edil vinculando las críticas a un posicionamiento preelectoral y ratificó la validez jurídica del padrón que, en sus dos primeras semanas, registró a unos 400 conductores. Mientras la controversia promete trasladarse al recinto en la próxima sesión del Concejo Deliberante con el pedido de tratamiento sobre tablas de la oposición, la Secretaría de Movilidad Urbana analiza el monto final de las multas que aplicará a Uber y DiDi, al tiempo que evalúa las consecuencias operativas para los choferes que no se empadronen antes de la fecha límite.
