Referentes de diversos partidos opositores presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el esquema de reelecciones en Tucumán y limitar los mandatos de gobernador y vice. Mientras dirigentes como Mariano Campero advirtieron que el mandatario provincial «está flojo de papeles» y cosecharon el respaldo nacional de figuras como Mauricio Macri, desde el radicalismo justificaron el recurso al señalar que «16 años en los mismos cargos es intolerante» para los principios republicanos.
Un sector de la oposición tucumana nucleado entre los partidos Cambia Tucumán, Fuerza Republicana, el PRO y CREO —junto al legislador Walter Berarducci y con la adhesión en trámite de la Unión Cívica Radical— formalizó una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para impugnar parcialmente el artículo 90 de la Constitución provincial. El escrito apunta contra el encadenamiento indefinido que permite alternar los cargos de gobernador y vicegobernador, un esquema respaldado por la interpretación del fallo «Manzur» en la provincia que, según los denunciantes, vulnera la alternancia republicana consagrada en la Constitución Nacional.
Durante la presentación técnica, encabezada por el legislador radical Manuel Courel, se aclaró que la acción busca fijar límites constitucionales al ejercicio del poder y no personalizar el debate en la figura de Osvaldo Jaldo, apoyándose en antecedentes jurisprudenciales de distritos como Río Negro, Formosa y San Juan. Sin embargo, el diputado nacional Mariano Campero adoptó un tono más confrontativo, cuestionando los treinta años de continuidad del oficialismo y retrucando los dichos del mandatario provincial, quien había desafiado a la oposición a «juntar los papelitos» asegurando su presencia en la boleta.
El frente opositor logró articular un respaldo político que trascendió las fronteras provinciales con el guiño explícito de Mauricio Macri y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No obstante, la estrategia judicial no estuvo exenta de rispideces locales: la ausencia de La Libertad Avanza en el armado motivó reproches públicos sobre supuestas funcionales políticas, mientras que puertas adentro de la propia mesa opositora surgieron cuestionamientos a los manejos de fondos públicos y al rol del Poder Legislativo.
Con esta jugada anticipada para evitar dilaciones procesales de cara a los próximos comicios, los referentes opositores abrieron además el debate sobre la necesidad de encarar una reforma integral de una Carta Magna provincial a la que calificaron de «deshilachada», dejando planteado un escenario de alta tensión institucional en la provincia.
