El Gobierno tucumano oficializó un anticipo financiero para que las empresas puedan afrontar la disparada en el precio del gasoil. Si bien la medida busca frenar un paro inminente, el sistema opera con frecuencias reducidas y persiste el conflicto salarial con la UTA.
En un intento por evitar la parálisis total del servicio en la capital y el interior, el Ministerio de Economía provincial confirmó el desembolso de un auxilio millonario en concepto de adelanto de subsidios futuros. La decisión surge como respuesta directa al encarecimiento del combustible, que escaló un 78% en pocas semanas, dejando a las prestatarias sin margen operativo para garantizar las frecuencias habituales.
La inyección de fondos estatales funciona como un «parche» financiero ante una situación crítica. Actualmente, la calle refleja el conflicto: de las 377 unidades que deberían circular, apenas 250 están prestando servicio, lo que genera demoras interminables para los usuarios en las paradas. Mientras la Provincia busca oxígeno inmediato, desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantienen una postura rígida. La gestión de Rossana Chahla advirtió que no habrá nuevos aportes municipales si las empresas no transparentan sus costos y aceptan una modernización profunda del esquema actual.
El panorama se agrava con la presión gremial. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) encendieron las alarmas por la estabilidad de 3.100 familias y denunciaron que los trabajadores aún adeudan gran parte de los sueldos de marzo, sumado a una deuda acumulada que promedia los $650.000 por chofer. Para los empresarios, el costo del litro de gasoil a $2.500 hace que el modelo actual sea inviable, por lo que el debate por un nuevo diseño del sistema es inevitable.
Aunque los 2.000 millones de pesos logran desactivar la bomba por unos días, la discusión de fondo se trasladará a la próxima semana. Allí, funcionarios y transportistas intentarán definir un nuevo plan de costos para un servicio que, hoy por hoy, se encuentra al borde del abismo estructural.
