Verónica Shadia Altamirano, de 29 años, fue hallada sin vida el pasado sábado. Semanas antes, había acudido a la justicia para denunciar a su expareja por violencia física, psicológica y por viralizar contenido sexual sin su consentimiento en grupos de WhatsApp.
La comunidad santiagueña de Pinto se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras el fallecimiento de la abogada y profesora de danzas, Verónica Shadia Altamirano. El hallazgo de su cuerpo, ocurrido en las inmediaciones de su domicilio, sacó a la luz una dramática trama de hostigamiento previo. Según registros oficiales, la profesional había radicado una denuncia formal el pasado 1 de marzo, donde alertaba sobre el calvario que vivía tras haber finalizado su relación sentimental.
En su presentación ante la Comisaría 17, Altamirano describió un vínculo marcado por la violencia sexual, verbal y física. La joven relató que, tras la ruptura definitiva a finales de febrero, su expareja comenzó a difundir material íntimo en reuniones sociales y a través de servicios de mensajería digital. Además del maltrato psicológico, la víctima denunció que el acusado la amenazaba constantemente, jactándose de una supuesta impunidad al asegurarle que la justicia «no le iba a hacer nada».
El trágico desenlace se produjo el sábado 11, cuando su padre, un reconocido profesional de la zona, la encontró sin vida. Mientras la justicia local avanza en las pericias para confirmar las circunstancias del fallecimiento, el entorno de la abogada apunta a la presión insoportable que significó la violencia digital y el «porno de venganza». El historial de denuncias previas del acusado con otras parejas también forma parte de la investigación, que ahora busca determinar el grado de responsabilidad del denunciado en el contexto que llevó a la joven a tomar la drástica decisión.
El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y el impacto devastador de la violencia de género digital. Mientras Pinto despide a la joven abogada, las organizaciones sociales exigen justicia y un análisis profundo sobre cómo el sistema falló en resguardar la integridad de una mujer que había pedido auxilio formalmente.
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