El juez federal Guillermo Díaz Martínez desestimó el pedido de la legisladora libertaria para que la causa pase a su fuero. De esta manera, el expediente por los posteos considerados agraviantes contra el Gobernador seguirá tramitándose en los tribunales provinciales.
Un nuevo capítulo se escribió en la disputa legal entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA). La Justicia Federal de Tucumán rechazó el planteo de inhibitoria presentado por la referente libertaria, quien pretendía quitarle la competencia al fuero Civil y Comercial de la provincia. El magistrado Guillermo Díaz Martínez coincidió con el dictamen fiscal y resolvió que no corresponde duplicar pedidos judiciales cuando ya existe una vía abierta en la justicia local.
El conflicto se originó tras una serie de publicaciones en redes sociales donde Molinuevo calificaba de «prácticas mafiosas» a la gestión provincial, tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli en La Madrid. Ante esto, el mandatario inició una demanda que derivó en una medida cautelar del juez provincial Pedro Cagna, ordenando la eliminación de los posteos. Aunque la legisladora borró las publicaciones «bajo protesta», buscó refugio en el fuero federal alegando inmunidad parlamentaria y poniendo en duda la imparcialidad de los tribunales tucumanos.
En su fallo, Díaz Martínez advirtió que la parte demandada no puede buscar un pronunciamiento alternativo por el mismo tema en otra jurisdicción. Por su parte, Molinuevo redobló sus críticas a través de sus plataformas digitales, denunciando un presunto «uso de la estructura judicial local» para silenciar el discurso político opositor. La diputada sostiene que el Poder Judicial de la provincia cede ante las presiones del Ejecutivo, motivo por el cual insiste en que la causa debe ser analizada bajo la órbita nacional para garantizar objetividad.
Con el archivo de las actuaciones en el fuero federal, la batalla legal retorna a la calle Las Piedras al 400. Mientras tanto, desde el partido libertario aseguran que continuarán denunciando lo que consideran una «persecución» y una afectación a la libertad de crítica necesaria en el sistema democrático provincial.
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