Tras la flexibilización de las normas de vestimenta consolidada tras las marchas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, sectores conservadores reclaman mano dura, aunque el gobierno analiza el costo político y militar de una nueva ofensiva.
A pesar de que la aplicación de las estrictas normas sobre el hiyab obligatorio perdió fuerza en las calles de Teherán —donde es habitual ver a mujeres sin pañuelo y con ropa ligera tras las masivas protestas de 2022—, sectores conservadores del régimen iraní intensificaron la presión para restaurar los controles. Sin embargo, las autoridades evalúan con cautela el costo político y social de avanzar en una nueva ofensiva en plena contingencia bélica.
La relajación del código de vestimenta se tornó evidente en espacios públicos, con videos en redes sociales que exhiben a mujeres bailando en conciertos callejeros, haciendo ejercicio mixto en parques o concurriendo a cafeterías sin cubrirse el cabello. Este cambio cultural se originó tras el estallido social desatado por el fallecimiento bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años, detenida el 16 de septiembre de 2022 por la policía religiosa, cuya represión dejó más de 500 muertos y miles de arrestos.
Debate interno y advertencias de línea dura
En las últimas semanas, la presión por restablecer la rigurosidad de las leyes islámicas ganó terreno entre figuras de extrema línea dura. Políticos y clérigos reclamaron la utilización de «todos los recursos» para frenar a las mujeres que no utilizan el velo, argumentando que estos sectores de desobediencia civil representan una amenaza a la seguridad interior.
No obstante, las discrepancias en la cúpula del poder son evidentes. Mientras algunos sectores exigen medidas urgentes, otros reconocen que el contexto de guerra y el temor a reactivar un estallido social frenan una aplicación generalizada de la represión. Analistas y activistas locales sostienen que, a pesar de cierres puntuales de cafés y condenas a artistas como la cantante Hiwa Seyfizade, gran parte de la sociedad civil ya ha interiorizado este cambio como un acto de resistencia y que el retorno al esquema anterior resulta complejo para las autoridades.
