El fiscal Mariano Fernández reconstruyó la agresión sufrida por María Teresa Aranda; hoy se formalizarán los cargos contra tres mujeres que podrían quedar detenidas por lesiones graves y violación de leyes deportivas.
Lo que debía ser una jornada deportiva en el club Universitario se transformó en una escena de terror que dejó a niños y adultos en estado de shock. Según la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal, María Teresa Aranda fue emboscada y atacada con agua hirviendo por la ex pareja de su novio, en complicidad con otras dos familiares, tras un reclamo por la presencia de menores en el lugar.
La reconstrucción fiscal detalla una secuencia de violencia premeditada. Todo comenzó cuando Florencia Ruiz increpó a su ex pareja, un hombre de apellido Pontoni, al grito de “ahora te hacés cargo de hijos ajenos”, molesta porque él acompañaba a la hija de Aranda. Aprovechando un descuido del hombre, Ruiz, junto a su hermana Carolina y su madre Elena Soria, acorralaron a la víctima. Ante la negativa de Aranda de entregarles un equipo de mate, las agresoras pasaron a la acción física.
De acuerdo a la teoría del caso, Carolina habría sujetado a la víctima mientras Florencia le arrojaba el agua a altas temperaturas directamente al rostro. No conformes con la quemadura, las atacantes la empujaron contra el cercado de la cancha y continuaron golpeándola incluso cuando la pareja de la mujer y otros testigos intentaron intervenir. El episodio, ocurrido hace una semana, motivó una imputación que incluye lesiones graves y la violación de la Ley de Seguridad Deportiva por haber ocurrido en un ámbito de concurrencia pública.
La situación procesal de Florencia Ruiz es la más comprometida, ya que sobre ella pesaba una prohibición de acercamiento vigente que fue ignorada durante el ataque. El fiscal Mariano Fernández, con el apoyo de la querella, solicitaría hoy la prisión preventiva para las hermanas Ruiz, considerando la gravedad de las lesiones y el riesgo de entorpecimiento de la causa.
La audiencia, que será presidida por la jueza Judith Solórzano, definirá si las acusadas esperarán el proceso tras las rejas. Mientras tanto, el Club Universitario intenta recuperar la calma tras un hecho que puso en evidencia la vulnerabilidad de los espacios familiares frente a conflictos personales violentos.
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