El municipio detectó que circula un 40% menos de la flota declarada y exige a las líneas urbanas que transparenten sus cuentas antes de la próxima reunión.
La tensión entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los empresarios del transporte público sumó un nuevo capítulo de confrontación. Tras una reunión clave para destrabar el conflicto del sector, el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, fue tajante: «No hay más dinero del municipio». El funcionario condicionó cualquier diálogo futuro a una mejora inmediata de las prestaciones y a la presentación de informes financieros que las líneas urbanas vienen adeudando desde hace dos meses.
El municipio puso la lupa sobre el destino de los millonarios subsidios que recibe el sistema. Según detalló Arnedo, entre fondos municipales y provinciales se inyectan mensualmente más de 6.400 millones de pesos, una cifra que, a criterio de la intendencia, no se refleja en la frecuencia ni en el estado de las unidades. Un relevamiento reciente encendió las alarmas: mientras las empresas cobran beneficios por una flota declarada de 377 unidades, en las calles solo se detectó la circulación de 228 colectivos, lo que representa una merma crítica en el servicio que afecta diariamente a miles de usuarios.
La falta de transparencia es otro de los ejes del conflicto. De las 14 líneas urbanas que operan en la capital, solo 3 han cumplido con el pedido de información operativa y financiera solicitado hace 60 días. Ante esta situación, el Ejecutivo municipal calificó al esquema actual de permisos precarios —vigente desde 2019— como «anacrónico y obsoleto», señalando que el único camino para normalizar el servicio es avanzar hacia una licitación pública que exija estándares de calidad reales.
Con el miércoles 22 como fecha para un nuevo encuentro, la incertidumbre crece entre los pasajeros tucumanos. Mientras los empresarios reclaman mayores fondos para sostener los costos operativos y salariales, el municipio se mantiene firme en su postura de racionalizar el gasto y exigir que las unidades declaradas estén efectivamente prestando servicio en las calles.
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