La Casa Rosada propuso transferir partidas presupuestarias a cambio de que los rectores retiren la demanda judicial por la Ley de Financiamiento. La oferta achica la recomposición salarial de los docentes y es mirada con lupa por la UNT.
El conflicto presupuestario entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo estratégico tras la masiva Marcha Federal Universitaria de la semana pasada. Con el agua al cuello ante la inminencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría obligar al Estado a desembolsar un pasivo de 2,5 billones de pesos, el Poder Ejecutivo activó una propuesta de emergencia para intentar desactivar la vía judicial de los rectores.
La jugada diseñada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y avalada por el Palacio de Hacienda, consiste en ofrecerle al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la transferencia inmediata de los fondos contemplados en el propio proyecto de reforma que el oficialismo había enviado al Congreso. A cambio de destrabar estas partidas, el Gobierno exige una condición innegociable: que las casas de estudio retiren la medida cautelar que reclama la actualización de salarios, becas y gastos operativos atados estrictamente a la inflación del Indec.
Qué ofrece la Casa Rosada y en qué se diferencia de la ley actual
La propuesta oficialista representa un fuerte recorte respecto de la Ley de Financiamiento Universitario original, un punto que encendió las alarmas en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y en los gremios docentes locales debido a las sensibles diferencias del esquema:
- Recorte en la recomposición salarial: El plan oficialista solo reconoce la pérdida del poder adquisitivo docente y no docente sufrida durante 2025, omitiendo por completo el fuerte desfasaje y la caída salarial del año 2024.
- Aumentos en cuotas: La recomposición ofrecida es del 4,1% a pagarse en tres tramos a lo largo del año, tomando como base los sueldos de diciembre pasado.
- Sin cláusula gatillo: El Ejecutivo propone abrir mesas paritarias cada tres meses, pero elimina la obligatoriedad de indexar los sueldos de forma automática por el índice de precios al consumidor (IPC).
- Gastos de funcionamiento congelados: La propuesta omite la actualización por inflación de los últimos dos años en las partidas de ciencia, técnica y funcionamiento general. Solo promete un ajuste extra si la inflación anual de este 2026 supera el 14,5%.
- Alivio para la salud: Lo único que se mantiene como incentivo es una partida especial de $80.000 millones para los hospitales universitarios, un sector asfixiado presupuestariamente.
Pese al apuro de la Casa Rosada por sellar la paz y evitar un revés judicial histórico, desde la cúpula del CIN advirtieron que todavía no ingresó ninguna notificación formal a los escritorios de los rectores. La comunidad universitaria local se mantiene en estado de alerta, advirtiendo que aceptar la propuesta oficial significaría consolidar una pérdida irreversible en los salarios de los educadores tucumanos.
